«El estado de alarma protege la seguridad del Estado y a los ciudadanos»

La portavoz del CGJP es la cara visible del gobierno de los jueces desde hace dos años y tres meses. Una tarea ardua porque sus palabras se miran con lupa entre sus compañeros del Poder Judicial.

-¿Por qué el Consejo apoyó el estado de alarma?

-Por que ante la gravedad de los hechos consideramos necesario hacer un llamamiento a la responsabilidad de los servidores públicos y de apoyo a las medidas adoptadas por el Gobierno. La declaración del estado de alarma en ese momento fue necesaria para salvaguardar la seguridad del Estado y el interés general de los ciudadanos.

-Algunos juristas consideran que es una medida demasiado severa, ¿comparte esa opinión?

-La situación de extrema gravedad para nuestro país, el cierre del espacio aéreo, exigía una respuesta rápida y eficaz. No obstante, el decreto está recurrido en el Tribunal Supremo, por tanto, serán los Tribunales quienes decidirán si la decisión la ampara la legalidad.

-Un bufete de abogados que ha reunido 5000 afectados ha pedido refuerzos en los tribunales en caso de que prospere la demanda.

-El Consejo en este y en todos los asuntos siempre atiende las demandas de los ciudadanos. En este caso propondrá las medidas de apoyo necesarias a los juzgados afectados, si las circunstancias así lo exigen.

-Dos de los pilares del actual Consejo han sido transparencia y eficacia, ¿en qué son ahora más eficaces?

-El plan de choque que aprobamos para hacer frente al incremento de la carga de trabajo derivada de la crisis económica ha sido muy eficaz para evitar la saturación de estos juzgados. En la jurisdicción social, concretamente en lo que se refiere a los despidos, se han reducido la respuesta de 3,8 a 1,8 meses.

-¿Y en qué es más transparente este Consejo?

-Apostamos desde el primer día por la transparencia institucional con los planes de modernización y de comunicación. En materia de nombramientos, la modificación del reglamento de carrera incorporó, por ejemplo, la comparecencia pública de los candidatos.

-Pero no es cierto que ha habido cierto oscurantismo con los expedientes abiertos a los jueces: aumentaron un 80% en el 2009.

-El proceso es totalmente transparente. La apertura de un expediente para investigar los hechos denunciados no puede significar en ningún caso una sanción pública anticipada. Por ello el Consejo informa a la opinión pública de aquellas resoluciones que ponen punto y final a los expedientes incoados, sea su resultado archivo o sanción.

-¿Les ha llegado el cabreo de los jueces por los recortes salariales?

-Es una paradoja que el momento en que más trabajo están asumiendo los jueces, cuanto más esfuerzo se les exige, menos cobran. Pero la coyuntura y la gravedad de la crisis económica han obligado a este gobierno y a muchos otros a recortes presupuestarios que afectan directamente a los ciudadanos, y ese contexto tiene que ser valorado y asumido. No obstante, el decreto sobre el recorte a los funcionarios está recurrido en los tribunales.

-¿Tiene la política una excesiva influencia sobre el Poder Judicial?

-El Poder Judicial cumple sus funciones desde la independencia e imparcialidad, pero es cierto que a veces la política invade el terreno judicial. Hay que dejar que jueces y tribunales trabajen y que los responsable políticos resuelvan los asuntos en sede parlamentaria.

-El nuevo reglamento de amparo refuerza precisamente el papel protector de los jueces.

-El nuevo reglamento pretende definir con mayor claridad el procedimiento a seguir cuando los jueces soliciten amparo del órgano de gobierno, en aquellos casos en que se sientan perturbados en el ejercicio independiente de sus funciones.