España sabe que ETA se entrena en la selva venezolana desde hace diez años

Diego Enrique Arria Salicetti, ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, declaró hace un mes ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, el magistrado que instruye el sumario sobre los entrenamientos conjuntos entre ETA y las FARC. El diplomático reveló que hasta siete etarras trabajan para el Gobierno de Hugo Chávez y aseguró que la banda terrorista podría estar financiándose de las expropiaciones de tierras del instituto para el que trabaja Arturo Cubillas. Pero, además, aportó documentos de inteligencia que sostienen que el Gobierno español sabe desde hace diez años que ETA utiliza la selva venezolana para formar en manejo de armas y explosivos a sus comandos terroristas.

Arria, al margen de su declaración, ya conocida, entregó en la Audiencia Nacional un dossier que ha sido incluido en el sumario. En esta carpeta, el diplomático recoge las confesiones de varios ex agentes de la ya desaparecida Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), los antiguos servicios secretos de aquel país, posteriormente desmantelados por Chávez.

Los ex espías, en los escritos, aportan datos muy concretos sobre la notificación a España de las actividades clandestinas de los etarras. La comunicación oficial de los entrenamientos en la selva se produjo entre el 6 y el 10 de noviembre del 2000, durante la celebración del II seminario iberoamericano de Inteligencia Estratégica, una conferencia internacional celebrada en Montevideo, auspiciada por el Centro Superior de Información de Defensa (Cesid) español, antecesor del CNI, y en la que participaron 17 países y 20 agencias.

Allí, en una sala del hotel NH Columbia de la Rambla Gran Bretaña de la capital uruguaya, «el servicio venezolano y sus delegados de Inteligencia Militar -”ya por entonces bajo las órdenes de Hugo Chávez, que llegó al poder en febrero de 1999-” informaron en el pleno a los delegados del Cesid de que ese grupo de etarras estaba llevando a cabo tareas de entrenamiento en Venezuela», relata uno de los documentos entregados al instructor. «Especialmente, sobre las informaciones facilitadas a cerca de Cubillas y su gente fueron testigos más de doce organismos de inteligencia exteriores, por cuanto se dijo en el pleno y quedó evidentemente grabado», apuntan los ex espías del país sudamericano.

Según los papeles de Arria, aquel chivatazo, en principio, no cayó en saco roto y «posteriormente en distintas reuniones se acordó trabajar en conjunto». «Se llevaron a cabo varias reuniones específicas entre miembros de los servicios (españoles y venezolanos), tanto en Uruguay como en Venezuela». Incluso, se destinó a una funcionaria del Cesid, de «nombre clave Cristina», para que se ocupara sobre el terreno de investigar los movimientos de ETA en la selva, supuestamente en campamentos de las FARC.

1397124194 El cambio. Sin embargo, todo cambió meses después. Los ex expías hablan de que el Gobierno de Hugo Chávez directamente ordenó acabar con la supervisión de etarras. «Los equipos de seguimiento venezolanos fueron desmantelados», en particular la denominada «Sección 22», que se ocupaba los terroristas españoles. «Sus miembros fueron perseguidos y desbandados (...) los agentes encargados del seguimiento de ETA y monitoreo a nivel central y en las brigadas territoriales fueron despedidos». Y la agente del Cesid fue puesta bajo vigilancia.

De acuerdo con los datos del sumario, durante los gobiernos anteriores a Hugo Chávez hasta 38 funcionarios de la Disip llegaron a trabajar en exclusiva para controlar los movimientos en Venezuela de los etarras, que habían llegado en su mayoría al país fruto de un supuesto pacto entre Madrid, Caracas y La Habana en 1989. «Los acuerdos siempre fueron de palabra, no había nada escrito. Los Estados (Cuba y Venezuela) debían tener control sobre los etarras y a cambio tendrían preferencias y créditos muy blandos».