La Fiscalía busca lavar su imagen

La Fiscalía General del Estado, en una decisión nunca vista en la larga historia de la institución, ha comenzado a distribuir un pormenorizado argumentario entre las diferentes fiscalías para intentar lavar su imagen tras las revelaciones de Wikileaks. Los cables del Departamento de Estado norteamericano constataban la supuesta connivencia del Ministerio Público con el Gobierno de Washington para dar carpetazo a las tres causas judiciales que amenazan intereses de Estados Unidos: el asesinato del cámara del Telecinco José Couso en Irak, los vuelos ilegales de la CIA que hicieron escala en España y la detención ilegal de presos en la base cubana de Guantánamo.

Cándido Conde Pumpido, que hace sólo dos semanas ya expresó en un documento interno su «preocupación» por el «perjuicio a la imagen y la dignidad» de la institución que habían causado los informe diplomáticos, vuelve a la carga ahora con un documento de 15 páginas fruto de unas investigaciones internas sobre la actuación en los tres procesos. El argumentario descarga de culpa al Ministerio Público. Es más, niega incluso la mayor y asegura que, a pesar de que así lo señalan los documentos internos de la propia legación norteamericana, ni siquiera recibió presiones de la embajada para cerrar esos sumarios. La Fiscalía se centra en descalificar el valor de los documentos filtrados.

El primer asunto que trata el informe autoexculpatorio que comenzó a distribuirse el 28 de diciembre, aunque nadie se lo demandó a la Fiscalía General, es el de Couso. El Ministerio Público recuerda que su oposición a que la competencia de los tribunales españoles para investigar ese asunto viene de la época de Gobierno del José María Aznar. Afirma que su oposición a esta investigación estuvo siempre basada en planteamientos jurídicos, al entender que la muerte del cámara no fue un crimen de guerra contra la comunidad internacional. En este caso, la Fiscalía reconoce que mantuvo hasta tres reuniones diferentes con representantes del Gobierno de Washington, pero asegura que se les proporcionó la misma información que a la familia de Couso, y que el motivo de esos encuentros fue reclamar a Estados Unidos que respondiera a la comisión rogatoria cursada por la Audiencia Nacional.

Sobre los vuelos de la CIA, Conde Pumpido intenta dejar claro que la institución que dirige siempre impulsó la investigación, hasta el punto de reclamar la desclasificación de papeles del CNI sobre esas escalas aéreas en España, y que la información que se facilitó a la embajada era ya «pública y había sido publicada» por los medios españoles y que, en cualquier caso, fueron datos exclusivamente sobre «el estado del procedimiento». «No se facilitó (a los diplomáticos estadounidenses) ninguna información acerca del posible contenido de la información clasificada» que, según el documento, además era desconocida por la Fiscalía, quien no tenía «autorización» para saber qué decían los papeles del CNI.