Un parque de 1.026 viviendas
La postura de PSOE y UPL, que siempre han defendido que la Diputación debe asumir más carga de financiación, enredó el proceso desde el mandato anterior
Todo se empezó a enredar en el mandato anterior, cuando a la UPL se le ocurrió preguntar por la propiedad del parque de La Granja. Una extensa mancha de 60.800 metros cuadrados que se contabiliza como zona verde dentro del total del sector para no perder espacio edificable en el resto del terreno y que, según los leonesistas, era propiedad municipal por cesión de la Diputación. No hizo mucho caso el gobierno de Amilivia, que sacó adelante la aprobación inicial del polígono urbanístico, mientras arreciaban las críticas de los leonesistas y socialistas, que creían que la institución provincial debía asumir como carga, con cargo al presupuesto de la junta de compensación, la prolongación de José María Fernández, previo derribo de la lechería y el chalé anexo; y la construcción de un vial de cuatro carriles que comunicara el sector con la ronda Este, más si cabe después de que el tramo existente de ronda Interior que hay como entrada al sector fue financiado en su día por el Ayuntamiento.
La cosa quedó en el aire en tanto en cuanto pasaban las elecciones. Pasaron y, con PSOE y UPL en el gobierno municipal e Isabel Carrasco en vez de García Prieto en la Diputación, se enredó la polémica entre las posturas de enroque y el enfriamiento del mercado inmobiliario.
La tensión creció con cada comunicación de la institución provincial, que defendía la necesidad de subastar los terrenos para poder sufragar parte de su presupuesto de inversiones en los pueblos, mientras al otro lado de la línea se sucedía el silencio y se guardaba en un cajón el estudio detalle (ver infografía de la información) como si no hubiera pasado nunca la aprobación inicial del Pleno. Un plano en el que se definía la construcción de un nuevo tramo de la ronda Interior, al que se accedía desde José María Fernández y que distribuía los tráficos a partir de una rotonda, y se apuntaban los emplazamientos físicos de equipamientos, usos y viviendas, para las cuales se concedía un bloque de hasta 10 alturas y sólo se reservaba un 10% de VPO, que es el mínimo legal establecido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El plano vuelve a la luz con la constitución de la junta de compensación de propietarios. Pero este trámite, que se culminará en el plazo de un mes con la celebración de una asamblea de los titulares de las fincas, no es el último trámite en el que se encontrarán con el Ayuntamiento. La administración municipal deberá aprobar el proyecto de urbanización definitiva, en el cual se rubrican las cesiones legales a las que tienen derecho el consistorio y se asientan las cargas que deberán financiar los promotores, con la Diputación a la cabeza.
Para entonces, habrá otro gobierno municipal, otro equipo en el que Carrasco confía en ver las siglas del PP para no tener que volver a porfiar, para que no se estanque de nuevo el sector La Granja.
