Zapatero no sabe cómo cobrar a las autonomías las sanciones de la UE
El Consejo de Estado advierte de que lo «conveniente» sería reformar la Constitución
¿Cómo se puede obligar a las comunidades autónomas a pagar la factura de las multas que la Unión Europea impone a España por su culpa? La respuesta no es sencilla. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sabe que están al caer dos sanciones multimillonarias: la que la Comisión pide por las vacaciones fiscales vascas, que puede superar los 38 millones de euros, y la que exige por las ayudas a la empresa Magefesa, más de 45 millones. El pago debería recaer en el País Vasco, Cantabria y Andalucía, pero antes hay que dar con la fórmula adecuada.
La comisión de subsecretarios que cada miércoles discute en La Moncloa los temas que deben ir al Consejo de Ministros estudió a finales de enero un extenso informe de más de 300 páginas del Consejo de Estado sobre este asunto que da cuenta de la complejidad del problema.
Se trata una de las ineficiencias del modelo autonómico que ningún Gobierno democrático ha sabido resolver hasta ahora y que permiten al presidente de La Rioja, Pedro Sanz, decir cosas como que los perjuicios causados por los incentivos que concedieron las diputaciones vascas a centenares de empresas «los vamos a pagar entre todos los españoles».
El principal órgano consultivo del Ejecutivo ha tardado algo más de un año en argumentar su respuesta, desde el 23 noviembre del 2009, en que el gabinete de Zapatero pidió asesoramiento al consejo, hasta el pasado diciembre, sin embargo, lo tiene muy claro: lo «conveniente» sería, y de hecho ya lo había sugerido en dos informes previos, fijar en la Constitución los mecanismos a los que podría recurrir el Estado para hacer cumplir a las comunidades las obligaciones del derecho comunitario, incluida la posibilidad de suplir a éstas en materias que sean de su competencia, y hacer que la propia Carta Magna remita a una ley estatal que determine en qué casos y cómo se puede repercutir en las autonomías las consecuencias de un incumplimiento.
La reforma constitucional no parece estar, aún así, en los planes inmediatos del Gobierno. Y menos visto lo incontrolable del debate. En la legislatura pasada, Zapatero pretendió retocar el texto para corregir la primacía del varón en el orden sucesorio a la Corona; introducir los nombres de las comunidades autónomas, y convertir del Senado en auténtica cámara territorial, pero finalmente tuvo que renunciar, entre otras cosas, porque el ambiente de inestabilidad institucional que surgió al calor de las reformas estatutarias así lo aconsejaba.
El Consejo de Estado señala, en todo caso, que la citada reforma tampoco es «imprescindible» para el objetivo que ahora se persigue, es decir, para evitar que paguen justos por pecadores. Aunque en el resto de los países descentralizados de la Unión Europea -Alemania, Austria, Bélgica e Italia- sí que optaron por la vía constitucional, España tiene la opción, «altamente recomendable», según el órgano consultivo, de aprobar una ley estatal ordinaria y establecer un «sistema general de repercusión de responsabilidades».