Un juez de Málaga abrirá la primera causa por el robo de un bebé en 1970

El primer caso de un bebé robado llega a los tribunales. Un juez de Málaga abrirá una causa por la sustracción de un recién nacido ocurrida en el Hospital Civil de la ciudad en 1970. Tras siete meses de investigación, la Fiscalía Provincial ha concluido las pesquisas y ha remitido la denuncia de un particular al juzgado tras apreciar indicios penales. Considera que los delitos no han prescrito y que los supuestos responsables, que aún viven, podrían haber cometido usurpación de identidad y falsedad documental.

Las diligencias llegarán esta semana al Juzgado Decano de Málaga para su reparto entre los órganos de instrucción. Su tramitación abre la puerta de los tribunales al medio centenar de denuncias que ya investigan cinco fiscalías territoriales.

La denuncia de Isabel Agüera Vázquez llegó a las manos del fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, el pasado 6 de julio. Esta mujer de Estepona tenía fundadas sospechas de que su hermana no falleció en el parto, sino que fue dada en adopción o vendida a otra familia por las redes que se dedicaban al tráfico de bebés en toda España desde la década de los 40.

Agüera aportó pruebas documentales que contradecían la versión dada por el centro sanitario sobre el fallecimiento de su hermana. En el Registro Civil halló un parte de defunción fechado a 15 de agosto de 1970. Allí se reflejaba que la causa de la muerte había sido «la rotura de la cicatriz de la cesárea». Pero otro documento del hospital, datado a 19 de agosto, aludía a «la rotura de la bolsa amniótica».

Más datos. Otra sombra de sospecha es que no existía ningún registro funerario sobre el lugar en donde fue enterrado el cuerpo. La denunciante recorrió los cementerios de Málaga y ninguno tenía constancia del caso. Ello, pese a que los implicados en la trama dijeron a su familia que el bebé, al que nunca llegaron a ver, fue enterrado en el mismo panteón que un acaudalado malagueño. Sólo la tía de Isabel recibió la noticia, ya que la madre se estaba recuperando de un parto complicado y el padre se encontraba en Suiza trabajando cuando sucedieron los hechos. La denuncia también incluía un listado con nombres y apellidos del personal médico que atendió el alumbramiento.

Con estas pistas, la Fiscalía comenzó la investigación en julio pasado. Primero, analizó las pruebas documentales y luego instó a la Policía Judicial a que localizase en primer lugar a la matrona. Pero la búsqueda comenzó con dos obstáculos insalvables. La comadrona y algún ginecólogo de la época habían fallecido, y mucha documentación de los archivos del Hospital Civil quedó destruida tras las graves inundaciones que afectaron a Málaga en 1989.

En cualquier caso, el listado con los supuestos implicados tenía más conexiones y facilitó el seguimiento de la Policía Judicial. Con todos estos datos, el Ministerio Público envió el pasado 4 de enero una escueta carta a Isabel Agüera en la que le comunicaba que las «diligencias de investigación penal» abiertas por el órgano acusador eran remitidas al juzgado «para que se incoen diligencias previas en averiguación de los hechos y personas responsables».