Aprobada la Ley de Seguridad Aérea que incluye las tasas de cada aeropuerto

La Ley de Seguridad Aérea aprobada hoy por el Congreso de los Diputados clasifica los aeropuertos en cinco categorías, en función de su tráfico de pasajeros, y fija cuáles deben de ser las tasas que se deben pagar en cada uno de ellos. La ley ha incorporado todas menos dos enmiendas provenientes del Senado que devolvió el pasado 9 de febrero este proyecto al Congreso, para que fuera la Cámara Baja quien la aprobase.

El ministro de Fomento, José Blanco, destacó la importancia de esta ley que hace el sistema de navegación aérea mucho más competitivo, y acusó al PP de no apoyar la transposición de una normativa europea que va a suponer más competencia para los aeropuertos españoles. En el debate de presentación de las nuevas enmiendas, tanto IU como el PP se quejaron de que se ha incorporado un factor que nada tiene que ver con la seguridad, como es el de la fijación de las tasas que deben cobrar los aeropuertos.

Desde IU se indicó que no se entiende que se haya incorporado en el Senado la clasificación de los aeropuertos y la tarifación de éstos, cuando, a su juicio, aún no está claro cómo se va a efectuar la gestión de estas instalaciones, mientras que el PP calificó estas enmiendas introducidas de forma de " contaminar " la ley. La nueva norma, introduce mejoras en el desarrollo del control de las actuaciones aéreas, e incorpora un catálogo de infracciones administrativas en el ámbito del control de la navegación aérea y establece sanciones correspondientes a las faltas que se deriven de una actuación que ponga en peligro la seguridad aérea.

También se refuerza la protección de los usuarios, al asegurar el control sobre el cumplimiento de las compañías aéreas de las obligaciones de la normativa comunitaria en materia de derechos, como la gratuidad del transporte en el equipaje de mano de los objetos que se compren en las áreas de embarque.

Asimismo se ha enfatizado en el carácter preventivo de la vigilancia de la seguridad operacional, para lo que se establece un sistema riguroso de captación, de recopilación, de procesamiento, de intercambio y de análisis de toda la información relevante. En este caso el texto señala que las personas que informen sobre accidentes, sucesos o deficiencias de seguridad, sean empleados civiles o militares, no puedan sufrir por ello efectos adversos en sus puestos de trabajo.