La acusación popular del chivatazo pide un careo que aclare quién miente

Para la asociación Dignidad y Justicia, que ejerce la acusación popular en el sumario que investiga el chivatazo al aparato de extorsión de ETA, no hay dudas. El juez tiene que llevar a cabo un careo entre el comisario jefe de información en el momento de los hechos, José C., y el máximo responsable de la investigación contra el entramado financiero de la banda terrorista, Carlos G., después de que ambos ofrecieran al magistrado versiones contradictorias sobre los hechos investigados. La acusación popular presentó ayer al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz un escrito en el que reclama que ambos mandos policiales confronten sus declaraciones para saber quién mintió sobre la delación.

Durante su primera comparecencia ante el magistrado, el pasado 8 de febrero, el comisario jefe José C. apuntó directamente a su subordinado, Carlos G., de estar implicado en el soplo, pese a que ninguno de los dos está imputado en la causa. Le acusó de dilatar la detención de los etarras porque implicaban «riesgos políticos», en referencia a la tregua de ETA vigente en aquel momento y a la implicación de un importante dirigente del PNV, el fallecido Gorka Aguirre.

Atribuyó además al responsable de la investigación la destrucción de pruebas en la investigación del chivatazo, ya que, de forma paradójica, fue el propio Carlos G. quien dirigió el equipo que indagó la delación a los recaudadores de la banda en mayo del 2006. Lo hizo desde la unidad de asuntos internos, su nuevo destino tras dirigir la operación contra el aparato de extorsión de ETA.

Por su parte, Carlos G. relató al juez, según fuentes judiciales presentes en la declaración, que él fue quien desarrolló la operación contra ETA y que «nunca podía estar en desacuerdo» con las detenciones porque él las propuso y se peleó al respecto con los investigadores policiales franceses por su negativa a apresar a Joseba Elosúa, dueño del bar Faisán y responsable de la red de extorsión etarra, y José Antonio Cau Aldanur, el contacto del aparato recaudador en Francia.

De la misma forma, aseguró en su declaración que el día en el que se produjo el supuesto chivatazo, el 4 de mayo del 2006, informó de la operación contra la red de extorsión al juez que instruía el caso, Fernando Grande-Marlaska, y llamó al comisario jefe que ahora le inculpa para contarle todos los hechos «anormales» que ocurrieron aquella mañana en el bar Faisán de Irún.

«Censura» de Rubalcaba en TVE. Mientras, el PP Partido Popular acusó ayer a TVE de «censura y manipulación» en sus informativos, al no informar o minimizar la importancia de las revelaciones en el caso Faisán, de lo que hace «responsable» al vicepresidente y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.