El fiscal desmiente a Rubalcaba y dice que Camacho sí supo del chivatazo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional y el Ministerio del Interior se afanan en desvincular al secretario de Estado para la Seguridad, Antonio Camacho, del chivatazo a ETA el 4 mayo del 2006, pero sus versiones son contradictorias. El Ministerio Público en uno de los escritos entregados al juez que investiga el soplo, Pablo Ruz, desmiente la versión oficial que Alfredo Pérez Rubalcaba ha dado por escrito al Congreso a instancias del PP.

El fiscal Carlos Bautista asegura que el número dos del Ministerio del Interior estaba al tanto de la operación contra el aparato de extorsión y que precisamente esa supervisión es la que explica el tráfico de llamadas los días de la delación con dos de los imputados, el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés.

Según el escrito del Ministerio Público, no es importante conocer el contenido de esas conversaciones porque en todo el sumario no hay «ningún asidero» que acredite «ni la trascendencia de las llamadas ni la necesidad de conocer su contenido, máxime cuando en esas fechas se estaba desarrollando una operación antiterrorista de la que necesariamente el secretario de Estado de Seguridad debía estar al corriente».

Sin embargo, la pasada semana el vicepresidente y ministro del Interior, en sus respuestas a la batería de preguntas del diputado del PP Ignacio Gil Lázaro, negó tajante y por escrito, en hasta una decena de ocasiones, que ni él ni Camacho fueran informados, no ya del chivatazo, sino de que se iba a producir una redada contra el aparato de extorsión de ETA. Alfredo Pérez Rubalcaba respondió con un seco «no» a numerosas preguntas parlamentarias, entre ellas si «¿fue informado el Secretario de Estado de Seguridad en la mañana del día 3 de mayo de 2006 de la puesta en marcha de una acción conjunta entre España y Francia contra la red de extorsión? o «¿mantuvo algún contacto el Secretario de Estado de Seguridad el día 3 de mayo de 2006 con el Director General de la Policía en relación con la acción conjunta hispano-francesa contra la red de extorsión?».

Al margen de las contradicciones, la Fiscalía se ha unido a la decisión del juez Ruz de mantener, por ahora, a Camacho fuera del tribunal. Cree, como el instructor, que su interrogatorio no sería «decisivo» porque sus palabras ni «añaden ni quitan nada» a la investigación ni «aportan nada al esclarecimiento de los hechos». Bautista defiende que la decisión de Ruz de no citar a la mano derecha de Rubalcaba como testigo «no es arbitraria ni irrazonable» porque el intercambio de llamadas entre Camacho y los imputados responde «a la lógica y natural relación diaria entre órganos directivos ministeriales».

Por ello pide que se rechace el recurso de Dignidad y Justicia contra la decisión del juez de no interrogar al secretario de Estado, cuyo número de móvil, junto a otros dos teléfonos del Ministerio del Interior, ha aparecido en el sumario, un detalle aunque nunca fue tomado en cuenta por los investigadores.