La Fiscalía impugnará los partidos legales con «presencia» de Batasuna
El Supremo garantiza que resolverá la inscripción de Sortu antes de las elecciones
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
La Fiscalía está dispuesta a hacer uso inmediato de las nuevas reformas de la Ley de Régimen Electoral General y de la ley de partidos para evitar que ningún representante de Batasuna se cuele en las instituciones. Incluso, impugnar ciertas listas de partidos legales si estas candidaturas tienen «presencia significativa» de miembros de formaciones ya ilegalizadas.
El fiscal general de Estado, Cándido Conde-Pumpido, fue el encargado de lanzar la advertencia dirigida veladamente a Eusko Alkartasuna y a la posibilidad de que esa formación nacionalista lleve empotrados en algunas de sus listas miembros de la izquierda aberzale clandestina. Avisó que pondrán en su punto de mira esas candidaturas contaminadas «pertenezcan al partido al que pertenezcan».
Es más, Conde-Pumpido anticipó que su departamento también trabaja sobre otro escenario más complicado, el de tener que extraer uno por uno a los miembros de Batasuna, como ahora permite la ley. «Si hubiera alguna persona representante de Batasuna que, utilizando cualquier tipo de argucia, consiguiese llegar a las instituciones podemos privarle de su escaño o puesto (público) en caso de que realice la más mínima acción que ponga de relieve su proximidad» con el partido clandestino, explicó.
Conde-Pumpido, sin embargo, no llegó a precisar si la Fiscalía pediría la ilegalización de la totalidad del partido ya inscrito si la colonización de activistas de partidos clandestinos es masiva y generalizada en sus listas.
El fiscal general, que anunció que presentará el lunes la demanda para impedir la inscripción de Sortu en el registro de partidos del Ministerio del Interior, avanzó que su departamento tiene «pruebas documentales» de que la izquierda abertzale no se quedará quieta con la ilegalización de Sortu, si así lo decide el Supremo, y que intentará estar presente en las elecciones de mayo a través de los que denominó «un plan b» y «un plan c». El -˜b-™ sería la presentación de agrupaciones electorales por municipios, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones, una hipótesis en la que ya trabajan los servicios de información de las fuerzas de seguridad en el País Vasco y Navarra a fin de recopilar material para futuras impugnaciones.
La opción -˜c-™, explicó Conde-Pumpido, sería de la «introducirse en un partido legal». «Y también estamos actuando frente a ello», garantizó.
Conde-Pumpido, en una intervención en Sevilla, se mostró convencido de que Sortu no pasará el filtro del Supremo, ante el que el pasado jueves la Abogacía del Estado ya presentó la primera de las impugnaciones contra la formación independentista. Haciendo suyo los argumentos del Gobierno, el fiscal general aseguró que «Sortu no es un partido, sino un simple intento de aparentar formalmente el cumplimiento de la ley» con el fin de «mantener a la desesperada la presencia de ETA» en las instituciones vascas y navarras, frente a un «horizonte político al que ya sabe que no va a llegar de ninguna manera».
1397124194 Último comando. El responsable del Ministerio Público recordó que la propia denominación del partido (Sortu es renacer) ya es un elemento de que su objetivo es el «renacer de Batasuna». Más allá de nombres, aseguró que la Fiscalía presentará ante la Sala del 61 documentación «probatoria y concluyente» de que la izquierda ilegalizada está detrás de la nueva formación. Papeles sobre la «preparación y la presentación» del partido, pero también documentos más recientes como informes sobre la «nula reacción» de Sortu ante la caída del último comando de ETA en Vizcaya, recibidos el pasado jueves.
Entretanto, y a la espera de que llegue la demanda de la Fiscalía, el alto tribunal ya examina el recurso de la Abogacía. El presidente de la institución, Carlos Dívar, garantizó ayer que el Supremo resolverá sobre el futuro de Sortu antes de las elecciones, a las que, a día de hoy, ya no podría presentarse al haber quedado suspendida cautelarmente su inscripción en el registro de partidos. «El Tribunal Supremo no tiene plazos, pero puedo asegurar que va a actuar con justicia, celeridad, y facilitando todo lo que pueda el proceso electoral, independientemente del resultado final», explicó Dívar.