Imputan al exconsejero andaluz de Empleo por el caso de los ERE
El PSOE alega que es un trámite para poder probar la inocencia
El exconsejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández.
Como era de esperar, la investigación judicial por las falsas prejubilaciones pagadas con dinero público en Andalucía llegó hasta al Gobierno autonómico. La jueza que investiga el caso notificó al ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández que será llamado a declarar como imputado en los próximos días. Fernández está también prejubilado en un ERE autorizado por un subordinado suyo y su expediente incurre en varios errores, como atribuirle una antigüedad en la empresa desde el mismo día de su nacimiento.
Fuentes del caso han explicado que el que fuera consejero andaluz de Empleo entre el 2004 y el 2010, e integrante del núcleo duro del expresidente Manuel Chaves, recibió un burofax en el que se le invita a personarse en la causa con su abogado porque de la investigación se deducen responsabilidades penales contra él y por tanto será citado a declarar. La imputación será confirmada el día que acuda al juzgado aunque ya ha trascendido que previsiblemente los cargos serán por los supuestos delitos de malversación de fondos, prevaricación y tráfico de influencias.
La imputación de Fernández se produce porque en el 2001 era gerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), el ente público que asumió el pago de las ayudas a empresas en crisis y los expedientes de regulación. El IFA ejercía esas funciones en virtud de un acuerdo con la Consejería de Empleo firmado ese mismo año. Dicho acuerdo, según denuncia la oposición y consta en el informe de la Policía Judicial, se hizo para eludir así cualquier control o fiscalización a la hora de otorgar las ayudas, y provocó el descontrol administrativo que cuestionó Hacienda.
La citación del exconsejero fue acogida con cautela desde el PSOE andaluz, en cuya sede se pudo ver ayer de forma inusual al secretario general y presidente andaluz, José Antonio Griñán, y a la portavoz del Gobierno y secretaria ejecutiva, Mar Moreno. Durante su comparecencia habitual de los lunes, la secretaria de Organización, Susana Díaz, insistió en que el preaviso de citación ha sido solo una «garantía procesal» del sistema judicial. «Vamos a ser respetuosos y a esperar a que actúe la justicia», afirmó, al tiempo que reiteró que el exconsejero ahora «tendrá la oportunidad de defender su inocencia».