El CGPJ cree que no hay irregularidad judicial sancionable en el caso Troitiño
El PP critica a Rubalcaba y el PSOE asegura que actuaron igual con Josu Ternera
La búsqueda de Troitiño se ha ampliado a más países.
La excarcelación y posterior huida del etarra Antonio Troitiño ha generado una importante alarma social, pero los jueces de la Audiencia Nacional que con sus decisiones permitieron que saliese de la cárcel no tienen por qué haber incurrido en irregularidad disciplinaria alguna. Esa es la conclusión que se desprende de la valoración de urgencia realizada hoy por la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo.
Bravo señaló en la cadena Ser que el consejo no ha abierto investigación sobre estos hechos porque todavía no ha recibido denuncia o queja oficial alguna que lo reclame. Anticipó, no obstante, que, de iniciarse las diligencias internas, deberá actuarse «con prudencia» porque, a primera vista, el comportamiento de los magistrados tiene «cierta apariencia jurisdiccional». Es decir, los miembros de la Sala de lo Penal habrían actuado desde su independencia y en el ámbito de la mera aplicación de la ley, un comportamiento ajeno al plano disciplinario y, por lo tanto, fuera de la competencia y el control del CGPJ. El control de las decisiones jurisdiccionales lo realizan los órganos superiores, a través de los recursos, o los tribunales si los magistrados son denunciados por la comisión de alguna infracción o delito.
La portavoz del máximo órgano de gobierno de los jueces contestó de esta manera al comunicado en el que el PP exigía al CGPJ la apertura inmediata de una investigación para determinar por qué la Audiencia Nacional -«en una decisión errónea» que días después rectificó- excarceló a Troitiño y por qué no ordenó a la policía vigilar al etarra tras recibir un recurso de la Fiscalía que le pedía el retorno a prisión del terrorista, y que días después terminó por aceptar. Los populares creen que «las contracciones internas» del tribunal, la «demora» en dictar la resolución adecuada y el no ordenar la vigilancia preventiva del etarra fue lo que permitió su fuga.
El responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, exige al CGPJ por todo lo anterior que «depure responsabilidades» entre los magistrados de la Audiencia Nacional si se confirma que los hechos son sancionables. Trillo, sin embargo, contra el único magistrado que dirige sus acusaciones con nombre y apellidos es contra el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, pero no cita en las dos hojas de su comunicado a Alfonso Guevara, el presidente de la Sección Tercera, que es el tribunal que tomó todas las decisiones -"excarcelación, revocación y orden de busca y captura-" sobre Troitiño.
El caso Troitiño, además de una polémica judicial, ha desatado otra tormenta política que vuelve a colocar en el centro del debate partidario la lucha contra el terrorismo. De hecho, Trillo aprovechó para «desautorizar» al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que el viernes dijo que el Gobierno no podía vigilar a Troitiño en los días que pasaron entre su excarcelación y la orden de reingreso en prisión para evitar una posible fuga porque era un ciudadano libre y, como tal, no puede ser controlado sin orden de un juez. El PP cree que el vicepresidente primero «oculta la verdad» porque una vez que la Fiscalía recurrió la excarcelación, y mientras la sala tomaba una decisión, podía haber «procedido a su seguimiento e incluso a la detención preventiva».
«Cinismo político». La respuesta socialista llegó de la mano del diputado y miembro del comité electoral del PSOE, Pedro Sánchez, quien acusó a Trillo de «cinismo político grave». Explicó que el PP critica por incorrecta una decisión de Rubalcaba idéntica a la que tomó el Gobierno de José María Aznar cuando, en noviembre del 2002, el entonces parlamentario vasco José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, huyó de España y se reintegró en ETA para evitar la detención inminente que contra él iba a dictar el Tribunal Supremo, como paso previo a su procesamiento por ordenar en 1987 la matanza en la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, en la que murieron diez personas. Sánchez recordó que el actual líder popular y entonces vicepresidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, justificó el no haber controlado a Josu Ternera pese a la evidencia de una posible fuga porque «no se puede vigilar a persona alguna si no es con autorización judicial».