Socialistas y populares se culpan del bloqueo de la institución

No hubo ni un gesto de acercamiento ni un atisbo de autocrítica a pesar del toque de atención de los tres magistrados del Constitucional. Apenas conocer la renuncia de los juristas, populares y socialistas insistieron en culparse mutuamente del bloqueo en la renovación de la corte.

El secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, no se dio por aludido, y aseguró que la dimisión era un «llamamiento» al PP «para que, de una vez por todas, actúe con responsabilidad» y manifieste «una voluntad de llegar a acuerdos» que permita lograr «la renovación». El dirigente socialista exigió al partido de Rajoy que muestre su «voluntad» para llegar a acuerdos, porque «llevamos así muchos años y permanentemente hemos encontrado en el PP dificultades insalvables».

El contrapunto vino de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien aseguró que la renuncia demuestra que en España no hay «un liderazgo necesario en el Gobierno», lo que está conduciendo «al caos en todas las instituciones». Cospedal recordó que estos tres magistrados se marchan poco después de «la decisión que tomó (el Constitucional) sobre Bildu, permitiendo su presencia en las elecciones del 22 de mayo». «Habrá que analizar lo que tiene que ver con esa decisión», insistió.

Los contactos entre socialistas y populares se rompieron definitivamente el 30 de diciembre, cuando el presidente del Congreso, José Bono, dio por cerrado el plazo para proponer candidatos después de que durante un mes lo hubiera prorrogado por dos veces para que los dos grandes partidos, cuyo acuerdo es imprescindible para los nombramientos, pactasen los cuatro aspirantes. El único acuerdo entre PP y PSOE es que dos de los cuatro magistrados serán designados por un partido y otros dos por el otro. El escollo es el magistrado leonés Enrique López.