El Constitucional lanza un órdago inédito a PSOE y PP para su renovación

Órdago sin precedentes en la historia del Constitucional. El vicepresidente del tribunal, Eugeni Gay, y otros dos magistrados, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado, presentaron ayer su renuncia de forma conjunta. Una inédita dimisión que jamás antes había presentado ningún miembro de la corte. En realidad, no era más que una medida de presión, con golpe de efecto incluido, pactada entre conservadores y progresistas, para forzar a PP y PSOE a que lleguen cuanto antes a un acuerdo en el Congreso y nombren a sus sustitutos. La renovación de los tres dimisionarios tenía que haberse producido en noviembre.

Esta crisis institucional -calculada- fue cortada de raíz por el presidente del Constitucional, Pascual Sala, a quien corresponde por ley «decretar» o no el cese de los magistrados y que es el único que podía administrar los tiempos para obligar a los dos grandes partidos a llegar a un acuerdo. Sala dejó pasar unas horas tras el anuncio de la dimisión para que el mensaje calara en el PP y el PSOE, para luego, ya a primera hora de la noche, apagar el -incendio controlado- que prendía en el Constitucional.

Sala con un comunicado oficial anunció «no aceptar» la renuncia de los tres magistrados, justificando su decisión en «el volumen de procesos pendientes» que tiene el tribunal y la «insustituible función institucional» que cumplen sus magistrados como «garantes máximos de los derechos fundamentales y libertades públicas». El presidente insistió en rechazar las dimisiones a fin de «garantizar la continuidad y estabilidad» en el Constitucional pero sin olvidar recordar de la forma más solemne a populares y socialistas «la necesidad de observancia de los plazos de renovación constitucional y legalmente establecidos». Y todo ello, según la propia resolución, con copia de la misma al rey Juan Carlos y a las más altas instituciones del Estado como los presidentes del Gobierno, Congreso, Senado y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Pascual Sala esperó a que la dimisión en bloque se hiciera pública ayer, pero lo cierto es que sabía desde el pleno del martes de la semana pasada que los tres juristas querían renunciar «por haber sobrepasado en más de seis meses el mandato de renovación previsto en la Constitución». Gay añadió entre sus razones que ha tenido «la sensación de formar parte de un tribunal secuestrado».

El presidente al final jugó con los gestos y los tiempos: tomó la decisión de rechazar las dimisiones y dejar el asunto en un serio -aviso a navegantes-, sin llegar a elevar el tema a una grave crisis institucional con un Constitucional muy -amputado-, pero que podía haber funcionado a pesar de las bajas.

Los tres magistrados cesantes -señalaron fuentes del tribunal- reconocieron sin ambages ante sus compañeros que su renuncia era una medida de presión.