Cospedal suprimirá el 60% de los altos cargos de Castilla-La Mancha
Cospedal, durante la sesión de investidura.
La presidenta electa de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se comprometió ayer a reducir el 60% de los altos cargos de la Junta de Castilla-La Mancha durante la primera sesión del debate de investidura celebrado en el Parlamento autonómico. Cospedal, que tomará posesión de su cargo mañana, miércoles, anunció que reducirá de 35 a cinco el número de delegados provinciales de la Junta, que suprimirá 22 direcciones generales y que recortará el 50% de los cargos de libre designación. A todo ello se sumará la eliminación de la oficina regional del Defensor del Pueblo, la Comisión Regional de la Competencia y el Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha.
«Eran excesos irracionales con los que pretendo acabar», afirmó Cospedal, que tampoco descarta cerrar la Sindicatura de Cuentas de esta comunidad al dudar de su eficacia, También pretende privatizar la Radiotelevisión de Castilla-La Mancha.
La futura presidenta autonómica reiteró que reducir la tasa de paro de esta comunidad, 21,79% de la población activa, será una de sus prioridades junto al apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. En este sentido, prometió aplicar incentivos para la creación de empleo y eliminar trabas burocráticas para que una empresa pueda crearse en sólo una semana. Asimismo, anunció que la Junta podrá amortizar la deuda que mantiene con miles de empresarios descontándoselo en el pago de impuestos
En cuanto a la austeridad en el funcionamiento de la administración, Cospedal apuntó que se establecerá un «techo de gasto y endeudamiento que cada año fijarán las Cortes», y que las infraestructuras públicas en marcha se ralentizarán. Por otro lado, prometió dotar a los profesores de un reconocimiento como «autoridad pública en las aulas» y declarar la tauromaquia como «Bien de Interés Cultural» de Castilla-La Mancha.
Cospedal se convertirá en presidenta de Castilla-La Mancha el miércoles y su primera acción será pedir a José Luis Rodríguez Zapatero la «inmediata convocatoria» de la Conferencia de Presidentes para aclarar la financiación de las comunidades.