Cospedal cree «indecente» que Patxi López se alegre de que Bildu sea legal

Dolores de Cospedal afirmó ayer que es «indecente» que el lehendakari, Patxi López, haya dicho que se alegra de la legalización de Bildu por el Tribunal Constitucional y volvió a insistir en la necesidad de que el Gobierno y la Fiscalía activen ya el proceso legal para expulsar de ayuntamientos, diputaciones y parlamentos a los cargos públicos de la coalición independentista elegidos el 22 de mayo, porque considera que son el brazo político de ETA.

El PP, mediante un comunicado oficial firmado por su secretaria general, criticó las declaraciones hechas por López a un diario nacional, en las que señalaba que «lo que es de lamentar, y estamos lamentado muchos en Euskadi, es la actitud de Bildu, no su legalidad». El presidente vasco mostró su «decepción» porque la formación independentista no atiende las llamadas de los partidos para que exija a ETA su final y porque no sólo no hace autocrítica ante las víctimas del terrorismo sino que destina sus guiños a las familias de los presos de la banda, pero al tiempo aclaró que «lo que hay en las instituciones es una coalición legal» y avisa de que «no debemos confundir los términos».

Dos estrategias enfrentadas. Detrás del enésimo rifirrafe entre socialistas y populares por Bildu y la política antiterrorista subyacen dos estrategias enfrentadas que según se aproximen las elecciones del 20 de noviembre van a colisionar cada vez con mayor virulencia.

El PP culpa al exministro del Interior y actual candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, de que la coalición independentista pasase al final en mayo el filtro de los tribunales y se hiciese con un centenar de ayuntamientos y considera que ya existen pruebas de que el Tribunal Constitucional se confundió y de que, como decían el Supremo y las fuerzas de seguridad, Bildu no es más que la ilegal Batasuna disfrazada y al servicio de ETA. Desde este análisis, quiere que el Gobierno comience ya el proceso para su ilegalización, en aplicación de la ley de Partidos, o que, como mínimo, tenga todo preparado para impedir que la izquierda aberzale pueda presentar en noviembre listas al Congreso y Senado.

Los socialistas, por su parte, piensan que Bildu, al menos por el momento, no puede ser expulsado de las instituciones porque el Constitucional decidió que es legal, al no apreciar indicio alguno que vinculase a la coalición con ETA, y que tampoco existe elemento alguno de peso que permita revertir esa decisión. No obstante, avisan a los cargos públicos radicales de que no se fían de ellos, por lo que las fuerzas de seguridad les vigilan. Si vulneran las normas o se detectan vínculos con ETA acudirán a los tribunales para que se les aplique la ley. Es decir, no preparan un proceso de ilegalización y todavía no hay decisión alguna sobre la posibilidad de impugnar sus candidaturas a las Cortes.

Mientras tanto, unos y otros se acusan de utilizar la política antiterrorista como arma partidista y de no tener pudor en usar el asunto en la precampaña electoral.