Unas medidas de ajuste que no satisfacen a casi nadie

Las medidas adoptadas por el Gobierno en el primer Consejo de ministros extraordinario de agosto han cosechado más críticas que aprobaciones. Entre las censuras destaca el rechazo de las organizaciones empresariales, que trasladan el malestar de las 3.900 compañías que han de adelantar entre 59.000 y 255.000 euros de impuestos.

La rebaja del IVA por la compra de vivienda nueva, satisfactoria para los potenciales compradores, favorece a los bancos, que tienen en sus carteras miles de inmuebles a los que necesitan dar salida. Pero los particulares que intentan sin éxito vender un piso tropiezan con un obstáculo añadido y tendrán que rebajar su precio si quieren competir en el mercado. La rebaja fiscal no afecta a las transacciones de viviendas de segunda mano, a las que se aplica el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Son las comunidades autónomas las que tienen capacidad de decidir sobre este tributo. Y el adelanto en el pago del Impuesto de Sociedades no supone un aumento del pago, reconocen fuentes empresariales, pero recorta el dinero de que disponen las compañías para hacer frente a esas necesidades cotidianas que van desde el pago de las nóminas al abono de los recibos por servicios o el suministro de proveedores.