La urgencia impide el consenso

Entre lo urgente y lo importante, el Gobierno ha escogido lo urgente. Los socialistas, y posiblemente también el PP, hubieran querido repetir el consenso de 1978 para reformar ahora la Constitución, es decir incorporar a CiU e IU, y si se podía al PNV.

Habría sido además lo más correcto en términos políticos por aquello de respetar las formas y dotar al cambio constitucional de mayor legitimidad democrática. Pero los dos partidos han preferido llevar esta mácula en su expediente en aras de lo inmediato, que no es otra cosa que adelantarse a las turbulencias financieras que se avecinan en otoño, cuando Italia tenga que colocar títulos de deuda en los mercados por valor de 70.000 millones, España 60.000 millones y Francia más de 100.000 millones. Las angustias de los primeros días de agosto pueden ser una broma ante lo que puede ocurrir en septiembre y octubre, y quizás el parapeto del Banco Central Europeo ya no sea suficiente.

El Gobierno explica que era necesario lanzar una señal muy clara a los mercados de la seriedad de España, y por eso antes que París o Roma incorporaran a sus constituciones los límites al déficit público, PSOE y PP pactaron en solitario la reforma de la Carta Magna. El riesgo, como así ha sido, era quedarse solos, pero ambos partidos prefirieron pagar ese precio al de abrir un proceso constituyente que se demorase meses y dejara a España a la intemperie como en la última tormenta financiera de agosto.