Zapatero rechaza hacer balance de la legislatura para no dañar a Rubalcaba

Ni siquiera hizo un ejercicio de reivindicación personal. José Luis Rodríguez Zapatero compareció ante los medios para explicar el calendario electoral, que se abre con el decreto de disolución de las Cortes aprobado ayer por el Consejo de Ministros, como quien asiste a un puro trámite. Prefirió no hacer balance de la legislatura sin duda para no perjudicar con los malos recuerdos al candidato socialista. Ahora confía en que los dos meses que quedan hasta el 20 de noviembre pasen sin sobresaltos. «No tengo en perspectiva la necesidad de afrontar ninguna medida de carácter económico —dijo—, pero sin duda, si fuera necesario, lo haría».

El jefe del Ejecutivo prefirió no entretenerse en un balance de sus siete años en el Gobierno porque, en realidad, la formalización de la convocatoria de elecciones —anunciada, de manera inédita el pasado julio, con cuatro meses de antelación— no marca para él un antes y un después. José Luis Rodríguez Zapatero se está yendo hace mucho tiempo; desde que, señalado por su propio partido como una rémora electoral, anunció que no volvería a presentarse a las elecciones generales y cedió el testigo a Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ese día, el presidente del Gobierno se desembarazó de una pesada carga: la titánica tarea de convencer al electorado socialista, hundido e incluso «cabreado» según admiten en el PSOE, de que todo lo que ha hecho era necesario; que la congelación de las pensiones, los recortes salariales de los empleados públicos, el retraso de la edad de jubilación, el abaratamiento del despido o, lo último, el estímulo a la contratación temporal son compatibles con una ideología progresista y que, al menos, se ha preservado la cohesión social. Alguno de sus más cercanos colaboradores confiesa haber empezado a hacer cajas en su despacho desde el mismo 28 de mayo, cuando el exvicepresidente primero confirmó que intentaría optar a la presidencia de Gobierno y recibió el aval del Comité Federal de su partido.

Mariano Rajoy se lamentaba el pasado miércoles de la «herencia envenenada» que encontrará el próximo jefe del Ejecutivo: cinco millones de parados, un 45% de desempleo juvenil, una deuda de 700.000 millones de euros, la renta de los españoles al nivel del 2004 y un déficit que no debería superar el 6% y que ya parece difícil de cumplir.

El legado de Zapatero. Pero el legado que ha recibido Rubalcaba, el autoproclamado líder del PSOE, no es baladí: una maquinaria interna sin fuelle en el partido, una red de apoyo deteriorada por la falta de cargos locales y autonómicos tras el batacazo del pasado 22 de mayo y unas perspectivas electorales desoladoras de cara al 20-N. La posibilidad de repetir los mismos 125 escaños que obligaron a Joaquín Almunia a dimitir en el 2000, o de quedar incluso por debajo de esa marca, parece cada día menos remota.