Ponjos y Oencia: cinco víctimas, un culpable y un pacto de silencio vecinal
Apenas había comenzado la primavera cuando tres trabajadores perdieron la vida en el monte de Ponjos, en Valdesamario. Era el Viernes Santo de 1995 y las llamas dirigidas por un brusco cambio de viento atraparon a un retén que se dirigía al fondo del valle para llenar las cisternas de agua. Aunque dieron la voz de alarma, sólo dos de los seis miembros del grupo lograron salir ilesos por la parte superior de la ladera. Otro salvó su vida al refugiarse en un tramo del arroyo Linares. Isabel González Quiñones, de 49 años, Ana Esther Dávila Díez, de 26, y Benigno Isidoro García Fernández, de 22, fallecieron.
Cinco años después, en agosto, dos brigadistas murieron en Oencia cuando trabajaban en sofocar el fuego que abrasaba los montes de Arnado y Lusío. La investigación apuntó a un cambio de viento que sorprendió al retén, aunque el incendio no revestía gravedad. El efecto térmico conocido como ‘chimenea’ atrapó a las víctimas cuando estaban en una vaguada. Los cuerpos de Fidel Brañas Barredo, de 38 años, y Manuel García García, de 45, tardaron 15 horas en ser rescatados desde el paraje donde les cercó el fuego. Otro brigadista de los ocho del retén resultó herido.
En el primer incendio se encontró un culpable. Un ganadero de 54 años vecino de Andarraso fue acusado del incendio de Ponjos y condenado por un delito de incendio con peligro para la vida o integridad de las personas. En el 2003, el TSJ de Castilla y León declaró a la Junta responsable de la muerte de tres trabajadores. En la sentencia, el juez sostenía que el servicio contra incendios no funcionó adecuadamente y condenó a la Administración autonómica a abonar 120.000 euros en concepto de indemnización por cada una de las víctimas.
Sin culpables en Oencia. En el caso de Oencia nunca se encontraron culpables. La investigación fue archivada dos años después ante el mutismo vecinal que impidió confirmar las sospechas de la autoría. No había dudas sobre el carácter intencionado del incendio pero el culpable salió impune por lo que las crónicas denominaron un «pacto de silencio» en la zona.
En el 2008, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valladolid dictó sendas sentencias condenatorias contra la Junta como responsable civil subsidaria por la muerte de los brigadistas. El auto judicial señaló al jefe de la brigada forestal de Villafranca del Bierzo como responsable de lo sucedido, al permitir que los dos trabajadores forestales se metieran en una zona del monte donde se produjo el efecto ‘chimenea’. Los que vivieron aquel suceso calificaron la situación como una «ratonera» que les atrapó sin remedio.