La crisis ralentiza la salida con el rechazo a la mitad de las jubilaciones

Las prejubilaciones en el sector agrario, que hasta ahora eran uno de los recursos más efectivos para dimensionar este ámbito económico en una estructura más competitiva, se han colapsado este año, sin duda como efecto de la crisis que limita el reparto de ayudas y se traslada al escalón más débil en todos los conceptos subvencionables. La mitad de los 150 expedientes que se presentaron en la provincia de León para acogerse a esas ayudas de jubilación anticipada en el campo fueron devueltos sin aprobar. En toda la Comunidad se pudieron tramitar en torno a cuatrocientos, de los que 191 fueron rechazados. Por lo general, aquellos que no acompañaban la propuesta con una alternativa de relevo generacional. Asaja criticó a la Consejería de Agricultura y Ganadería por esta exclusión para la mitad de los solicitantes de las ayudas a la jubilación anticipada en la actividad agraria. La organización asegura que se trata de «una entrega más» de los recortes del capítulo agrario del presupuesto autonómico, que ya denunció el pasado año en una manifestación a las puertas de las Cortes de Valladolid ya levantó la voz sobre este asunto. El sindicato recalcó, en un comunicado de prensa, que estos recortes, tienen «el agravante de que en esta ocasión el varapalo afecta a el eslabón más sensible de la cadena, agricultores y ganaderos de edad avanzada que tienen graves dificultades para seguir adelante y que se habían agarrado al cese anticipado como a un clavo ardiendo».

Según apareció publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, en esta convocatoria se han presentado en total 409 solicitudes a las ayudas a la jubilación anticipada, de las que han sido denegadas 191, prácticamente una de cada dos. Asaja subrayó que esta exclusión es «más sorprendente aún» si se tiene en cuenta que en los últimos años se aprobaron todos los expedientes presentados (470 en 2010 y 589 en 2009), una dinámica positiva que este año 2011 se ve truncada. Por lo que apunta la resolución el criterio que ha aplicado la Administración para recortar presupuesto ha sido excluir a todos los peticionarios con puntuaciones por debajo de 4,30, lo que automáticamente excluye a los menores de 62 años, excepto los que tengan ovino o los que vinculan su cese a la incorporación de un joven.