Las operaciones de gasto corriente no podrán superar los 110 millones de euros
Los datos de la auditoría se extenderán ahora sobre la mesa para que el equipo de gobierno presente «en el primer trimestre del 2012» un proyecto de viabilidad a corto, medio y largo plazo», según avanzó Agustín Rajoy. Un trabajo que saldrá de las recomendaciones que haga Deloitte dentro de la fase de consultoría, entre las cuales los representantes del PP deberán decidir cuáles aplican para afrontar los 437.241.000 euros de deuda, previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta, que es preceptiva por ley.
El corsé presupuestario con el que se encontrará el Ayuntamiento de León se cifra en el entorno de los 110 millones de euros anuales, que es la cifra estimada de ingresos corrientes, según el informe de los auditores. «Hay que gastar menos de 110 millones de euros al año y parte de ellos destinarlo a pagar las deudas», avanzó Rajoy. Un apartado de operaciones corrientes en el que el PSOE y la UPL presupuestaron en el 2010 cerca de 150 millones de euros: más de 68 millones en personal, 64 millones en bienes corrientes y servicios, 7,9 millones en gastos financieros y 9,5 millones en transferencias corrientes.
No entraron los concejales del PP en el terreno de las especulaciones sobre las posibles medidas que habrá que adoptar para reducir estos gastos. A lo más que llegaron fue a conceder que «en el presupuesto del 2012 se recogerán significativas reducciones de gasto corriente, que no se cubrirán las jubilaciones y que no se renovarán los contratos temporales, salvo necesidad». Un último aspecto que no les da excesiva maniobra, ya que los contratos temporales, entendidos como tal los que se renuevan de manera periódica por obra y servicio, son poco más de una veintena, aunque en la consideración de temporalidad pueden entrar las más de 500 plazas OPE que están ocupadas por personas a la falta de un concurso público e, incluso, los funcionarios interinos. «Una de nuestras prioridades es mantener el empleo, en la medida de las posibilidades económicas del Ayuntamiento», concedió como todo dato el portavoz del PP, López Benito, quien insistió en que hay «otros métodos» como la reducción de complementos, la amortización de plazas por jubilación.
Poco más explícito fue Rajoy, quien comentó que se estudiarán todas las posibilidades y el funcionamiento para «municipalizar las externalizaciones que se demuestre que no son eficientes», así como «la externalización» de aquellos otros que se detecte que tendrán una gestión más óptima por parte de empresas privadas.
Para complementar estas medidas, el Ayuntamiento mantiene abierta la puerta para la venta de propiedades y activos, como el antiguo cine Abella, los locales donde estaba la Cámara de Comercio, en la calle Fajeros o el inmueble de Julio del Campo en el que se estuvo el tanatorio; así como la enajenación del capital que tiene en distintas sociedades, como Aguas de León, que tiene un 49% de privatización ahora, o Serfunle, la empresa funeraria que tiene con San Andrés y Villaquilambre. No se descarta nada.