El ministro del Interior avisa a los presos de ETA de que no esperen «privilegios»
El nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, lanzó ayer un mensaje claro a los presos de ETA: «No va a haber, por el hecho de pertenecer o haber pertenecido a una organización terrorista, ningún tipo de privilegio (penitenciario)». Por si no quedaba claro, agregó que se va «aplicar estrictamente la ley» y no se va a elaborar una reforma legal ad hoc que mejore su situación penitenciaria.
El nuevo responsable de seguridad descartó la adopción de medidas con carácter colectivo para los reclusos de la organización terrorista. Su tratamiento, subrayó, será siempre individualizado y siempre que cumplan con todos los requisitos legales. Un planteamiento que supone un jarro de agua fría para la izquierda abertzale y el grupo de presos, que desde el anuncio del final de la violencia del 20 de octubre reclaman una amnistía u otro tipo de salida colectiva. Lo hacen a través de cartas individuales, pero que recogen peticiones idénticas.
Fernández Díaz señaló en su primera entrevista desde que asumió el cargo que los miembros de ETA encarcelados que quieran acogerse a los beneficios penitenciarios tendrán que mostrar «arrepentimiento» y abandonar la organización, pedir perdón a las víctimas —solicitud que no figura en ninguno de los textos remitidos a Instituciones Penitenciarias—, comprometerse a colaborar con la justicia y resarcir los daños causados. Unas condiciones que, por ahora, solo han cumplido algunos de la veintena de miembros de ETA recluidos en la prisión alavesa de Nanclares de Oca y que pese a que han dejado la organización terrorista han sido expulsados de ella por la dirección de la misma.
Los presos de ETA no pueden aspirar a una amnistía o indulto general porque la Constitución y el Código Penal lo impiden. «Es una pretensión imposible», recordó hace dos semanas el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro. Las progresiones de grado para obtener permisos de salida de las cárceles requieren que los reclusos modifiquen su estrategia de rechazo a esos mismos beneficios penitenciarios.
En la actualidad, la gran mayoría de los 550 presos están clasificados en primer grado por sus conductas carcelarias. Apenas hay un puñado en segundo y tercer grado. Los elementos más favorables para los presos terroristas son el acercamiento a cárceles de Euskadi y Navarra porque al ser una medida política y no jurídica puede ser revisada por el Ministerio del Interior.
Es la posibilidad más factible, aunque no de inmediato. De hecho, la recién inaugurada cárcel de Nanclares, con más de 700 celdas, y la que se abrirá en Pamplona en enero, con medio millar, parecen destinadas a ese fin. La otra vía es acogerse al artículo 100.2 del reglamento penitenciario que posibilita la concesión de terceros grados siempre que se cumplan las condiciones mencionadas.