Abren juicio oral a Fabra y le imponen 4,2 millones de fianza
El líder del PP se enfrenta a tres supuestos delitos por los permisos fitosanitarios.
El presidente del PP de la provincia de Castellón, Carlos Fabra.
La suerte de la que ha presumido en tantas ocasiones el presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra -días antes del sorteo del Gordo de Navidad se congratulaba de haber resultado agraciado en varias ocasiones-, parece haber desaparecido. El Juzgado de instrucción número 1 de Nules dictó ayer la apertura del juicio oral contra el también expresidente de la Diputación por el conocido como caso Naranjax -relativo a su mediación ante diversos ministerios para agilizar permisos fitosanitarios a favor de diversas firmas con las que guardaba relación- y le impuso una fianza de 4,2 millones de euros.
En la causa, abierta por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal, también están acusados la exesposa del dirigente popular, Amparo Fernández, el empresario Vicente Vilar y su exmujer Montserrat Vives.
Hace poco más de un año, en diciembre de 2010, la Audiencia Provincial de Castellón acordó sobreseer la causa contra Fabra y su exesposa por cuatro de los cinco delitos fiscales -los más graves de los referidos en esta causa-, supuestamente cometidos entre 2000 y 2003, que se siguen en el citado juzgado de Nules, por entender que habían prescrito. Sin embargo, el 1 de diciembre, el Tribunal Supremo revocó esa decisión y ordenó reabrir la causa -una medida que Fabra ha recurrido ante el Constitucional-. Pin, el noveno titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules desde que se abrió el caso Fabra, decreta ahora la apertura de juicio oral tras concluir el 23 de diciembre la instrucción de la investigación abierta en 2003 contra el expresidente de la Diputación de Castellón, e iniciada tras dos querellas presentadas contra él por el empresario -e igualmente imputado- Vicente Vilar.
El juez considera que «hay indicios de que Fabra medió con las autoridades y funcionarios públicos para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones de productos fitosanitarios haciendo valer su condición de presidente provincial». En el relato de los hechos, el magistrado recuerda que Vilar era administrador de Naranjax, dedicada a productos fitosanitarios que eran a su vez sintetizados por la mercantil Arcavi, cuya titular era su por aquel entonces esposa, Montserrat Vives.
Naranjax tenía pendientes de aprobación varios productos por parte de los ministerios de Agricultura y de Sanidad, para lo cual se puso en contacto con Fabra, quien habría mantenido reuniones con el entonces ministro de Agricultura -y ahora presidente del Congreso-, Jesús Posada, con el entonces secretario de Estado de Hacienda Juan Costa, el exdiputado Juan José Ortiz y el exsenador Miguel Vicente Prim, para tratar los retrasos en la concesión de licencias para los fitosanitarios e informar sobre el estado administrativo de los productos de Vilar y Vives.
Tras aprobarse la autorización, Fabra habría requerido a Vilar 25 millones de pesetas en metálico en reconocimiento de su mediación. Las posteriores mediaciones habrían permitido que entre los ejercicios fiscales de 1999 y 2004, Fabra y su mujer obtuvieran ingresos que ocultaron a la Hacienda Pública y que no se correspondían con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados, según el instructor.