El Gobierno permitirá que sean los jueces quienes elijan al Poder Judicial

El Gobierno impulsará una reforma legal para que sean los propios magistrados quienes elijan entre los miembros de su carrera a la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. El objetivo, según explicó ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en su primera comparecencia en el Congreso, es que el órgano de gobierno de los jueces recupere las mayores cotas posibles de independencia y se desligue al máximo de las diferentes mayorías parlamentarias.

El objetivo es volver al procedimiento de elección que había hasta 1986, cuando eran los propios jueces, a través de sufragio interno y directo, quienes designaban por un período de cinco años a 12 de los 20 vocales del Consejo. Los otros ocho miembros, como en la actualidad, serían designados por una mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado, cuatro por cámara, entre juristas de reconocido prestigio.

El sistema de elección actual establece que los 12 vocales judiciales sean elegidos por las Cortes, seis por cada cámara, de los nombres de una lista de 36 candidatos que sí designaba la carrera judicial. La fórmula, de hecho, acababa dejando en manos de los partidos mayoritarios la elección de los 20 vocales, pues los doce de carrera no se designaban entre los más votados por sus compañeros sino a conveniencia.

La reforma cayó como un jarro de agua fría en el PSOE. Ramón Jáuregui dijo que «esto rompe los consensos básicos de la estructura judicial, porque siempre hemos pensado que al órgano de gobierno de los jueces lo tiene que elegir el Parlamento». No obstante, el pacto con los socialistas no es imprescindible para cambiar la ley.

Inamovibles. La modificación de la elección del Consejo no es la única que persigue Mariano Rajoy. Sáenz de Santamaría anunció que va a realizar una reforma del funcionamiento y las competencias del Tribunal Constitucional en la que también aspira a establecer una nueva fórmula de elección para desligar al órgano de «coyunturas parlamentarias». Quiere convencer al PSOE para modificar la Constitución y los magistrados de la corte no sean elegidos por un período de nueve años sino que se mantengan inamovibles en sus cargos hasta la edad de jubilación que se determine por ley.

Los socialistas, indispensables para este cambio constitucional, nunca han sido partidarios de la modificación. La reforma de los populares lo que sí volverá a introducir es un control por la corte de la constitucionalidad de los estatutos de autonomía previo a su aprobación por las Cortes y una fuerte limitación a la presentación de recursos de amparo ante el tribunal.

La vicepresidenta incluyó estas medidas en lo que denominó como «programa de regeneración democrática». Entre sus puntos destacan también una ley de transparencia, que comenzará a debatirse antes del verano y que permitirá que los ciudadanos puedan acceder a los datos de la administración.