Gallardón anuncia la imposición de tasas judiciales para los ciudadanos que recurran

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en su primera comparecencia ante el Congreso de los Diputados, ha anunciado que pretende acometer amplias transformaciones en los tribunales, así como proyectos legislativos de calado. Algunas de sus propuestas estaban esbozadas en el programa electoral del PP, pero otras no han sido mencionadas por los conservadores en su carrera hacia La Moncloa, como la imposición de tasas judiciales para aquellos ciudadanos que recurran a la segunda instancia.

"Si el ciudadano no se conforma con la respuesta del poder judicial y lo que solicita es un segundo pronunciamiento es cuando se aplicará el nuevo modelo de tasas", ha anunciado el ministro de Justicia. Las personas que acrediten falta de recursos estarán exentas del pago, que se reintegrará si el recurso prospera.

Gallardón ha justificado la necesidad de la tasa con el fin de reducir el "abuso" algunos ciudadanos realizan de la justicia y, por ende, el aumento de la legitiosidad que se produce cada año. Esta petición coincide con las reclamaciones planteadas por el colectivo de jueces mayoritario y de carácter conservador, la Asociación Profesional de la Magistratura. Despolitización de la justicia

"Va a ser una legislatura de transformación", ha advertido el ministro tras enumerar sus propuestas, entre ellas su intención, ya anunciada ayer, martes,por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría , de que 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelvan a ser elegidos por los jueces. La novedad anunciada este miércoles es que el resto de los ocho vocales no serán "objeto de intercambio político" entre los partidos, sino que cada uno de ellos serán elegidos mediante consenso. La intención de Gallardón es "despolitizar" la justicia para acabar con la imagen "enturbiada" que los ciudadanos tienen de los tribunales.

Entre los nuevos proyectos legislativos, el más importante hace referencia a la ley del aborto. El PP se comprometió a modificar la ley y ahora Gallardón ha concretado algún aspecto, cómo que se exigirá el consentimiento paterno a las menores que quieran interrumpir su embarazo. Además se defenderá el "derecho a la vida" en los términos ya definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional. Política penitenciaria con ETA

Gallardón no ha perdido la oportunidad de referirse al nuevo escenario en el País Vasco desde el anuncio del cese definitivo de la violencia por parte de ETA. El ministro ha advertido que la constitución no admite "la amnistía como indulto de carácter colectivo" y ha subrayado que cualquier medida de gracia para los presos etarras "estaría sujeta a los factores particulares de cada reclusos, entre ellos la petición individualizada de petición de perdón y el ánimo de reparación a las víctimas". La oposición

El portavoz del PSOE en la comisión de Justicia, Julio Villarrubia, ha manifestado su oposición radical al cambio en el sistema de elección de los vocales del CGPJ. En su opinión, el Gobierno pretende "romper los consensos básicos" al permitir que "unos cuantos", en referencia a los jueces, elijan los miembros del Poder Judicial, una facultad que según la Constitución corresponde a los ciudadanos. Villarrubia considera que la intención de Gallardón supone "un ataque a la soberanía popular". Prisión permanente "revisable"

Gallardón también ha anunciado que el Ejecutivo "estudia la posible instauración" de la prisión permanente "revisable". Según Gallardón, será una "pena excepcional" para supuestos "muy restringidos" pero que "han alcanzado el máximo grado de repulsa social".