El Gobierno cambiará la ley del aborto y creará la cadena perpetua revisable

Alberto Ruiz-Gallardón dejó ayer claro en su primera comparecencia en el Congreso que el Gobierno de Mariano Rajoy se dispone a cumplir una por una todas las reformas judiciales a que se comprometió en el programa electoral. Si es posible lo hará con acuerdos y, en caso contrario, con la fuerza que le da su mayoría absoluta.

El ministro de Justicia desató las iras de la oposición, en especial la de los grupos de izquierda y del PNV, cuando al desgranar su programa anunció que se dispone a modificar la ley del aborto y a introducir en el Código Penal la prisión permanente revisable, que para la mayoría de los grupos equivale a implantar por la puerta de atrás la cadena perpetua.

Gallardón se limitó a dar unas pinceladas sobre el contenido de estos cambios legales, pero lo que sí dejó claro es que la nueva ley del aborto solo permitirá la interrupción del embarazo en las jóvenes de 16 y 17 años si cuentan con permiso explícito de sus padres. La reforma de 2010 daba libertad para abortar a estas jóvenes, que solo debían acreditar que habían informado a alguno de sus progenitores, trámite que incluso quedaba convalidado si alegaban que la comunicación podía desembocar en un episodio de violencia o amenazas familiares. El exalcalde madrileño no explicó si además se dispone a cambiar la actual ley de plazos y a regresar a una norma de supuestos como la 1985.

El ministro fue más inconcreto al hablar de la figura de la prisión permanente revisable. Se limitó a decir que se trata de una nueva pena «excepcional» enfocada a los delincuentes que «han alcanzado el máximo grado de alarma social» y que se regulará en términos similares a otros países de la UE. La única vez que el PP ahondó en este concepto, a través de una enmienda fallida en la pasada legislatura, pensaba en una pena para terroristas, violadores reincidentes o asesinos de menores, entre otros, todos ellos con un pronóstico de reinserción muy dudoso.

Se trataba de mantenerles en prisión incondicional por un mínimo de 20 años, cuando se abriría un proceso para la revisión de sus posibilidades de reinserción o acceso a beneficios o para decretar un nuevo período tasado de no excarcelación. Su encarcelamiento tendría nuevas revisiones y en caso de salida final podría haber fórmulas de seguridad como la libertad vigilada. En su día, la pena cosechó el rechazo unánime del resto de partidos.

El programa de reformas de Gallardón también incluye una modificación de la ley del menor para permitir que los jóvenes que cometan delitos graves junto a adultos puedan ser investigados y juzgados en un único proceso, aunque cada uno de ellos según sus normas aplicables, y para cambiar el Código Penal y que los pequeños ladrones multirreincidentes, con cientos de detenciones, puedan ser acusados de delitos y recibir penas de privación de libertad y no solo multas.

El programa del ministro también incluye las grandes reformas para modernizar el sistema judicial.