Los testigos del juicio a Garzón defienden su «derecho a saber»

La fase testifical del juicio a Baltasar Garzón llega ehoy a su recta final, pero ayer se volvieron a escuchar en el Tribunal Supremo duros testimonios de cuatro denunciantes de las asociaciones de la memoria histórica.

Olga Alcega, del colectivo de familiares de fusilados y desaparecidos de Navarra, dijo que acudió a la Audiencia Nacional en diciembre del 2006 por su «derecho a saber» qué ocurrió con su abuelo, fusilado el 2 de septiembre de 1936 en Magallón, Aragón, junto a otras 80 personas. Lo hizo, recalcó, sin ningún «afán de venganza», sólo para exigir justicia después de 75 años de olvido administrativo y judicial.

Rafael Espino, de la asociación para la recuperación de la memoria de Córdoba, explicó que decidieron ir a los juzgados cuando lograron incluir en su denuncia el testimonio de una persona que había presenciado «cómo se produjeron los asesinatos y en dónde se encontraba la fosa con los desaparecidos».

A preguntas de la acusación popular del juicio, el pseudosindicato Manos Limpias, Espino señaló que su asociación nunca recibió subvenciones para proceder a la exhumación de los cuerpos, ya que todos los gastos fueron costeados por familiares y asociados.

El presidente de la asociación para la recuperación de la memoria histórica de Cataluña, Manuel Perona, se presentó en el 2006 en la Audiencia Nacional con un listado de unos 1.900 desaparecidos en su comunidad y pruebas de que ocho civiles que se encontraban retenidos en la prisión de Manresa (Barcelona) en 1936 fueron llevados «a la fuerza» a la capital y de los que nunca más se supo de su paredero.

El cuarto y último testigo, Pedro Fausto Canales, miembro del colectivo en Valladolid e hijo de desaparecido durante la Guerra Civil, relató como se personó en la Audiencia Nacional en diciembre del 2007 para denunciar el secuestro de diez comerciantes y jornaleros del pueblo de Pajares de Adaja, en Ávila, que se cree que pudieran estar enterrados en el Valle de los Caídos.