Las centrales sindicales aceptan el diálogo mientras preparan las movilizaciones
La ministra de Trabajo se muestra abierta a realizar «una revisión completa» del texto de la reforma .
A la izquierda, en el centro, la ministra Fátima Báñez, y enfrente Jesús Terciado, Joan Rosell, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo.
Los dirigentes de los sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT y de las patronales CEOE y Cepyme se reunieron con la ministra de Empleo para abordar la reforma laboral ya en vigor. Tras el encuentro, las centrales constataron con escepticismo que se había abierto un cauce de entendimiento, pero siguieron preparando la masiva movilización de protesta del domingo 19 de febrero, porque desconfían de que vaya a producirse alguna modificación de calado en la nueva norma.
Fátima Báñez ofreció llevar a cabo «una revisión completa» del texto, a realizar por grupos de trabajo, para plasmar los puntos de consenso en las enmiendas que las fuerzas políticas pueden introducir en el proyecto de ley durante su tramitación parlamentaria. Según la responsable gubernamental, aunque la mayoría que sustenta al Ejecutivo es suficiente para garantizar la aprobación de la norma por las Cortes, «la apuesta por abrir una ventana al diálogo» es el reflejo del deseo de «introducir mejoras».
Los preparativos de las protestas sindicales, no obstante, ya están en marcha. «No a la reforma laboral injusta e inútil», será el lema de las movilizaciones que se celebrarán ese día. Ni Ignacio Fernández Toxo (CC.OO.) ni Cándido Méndez (UGT) quisieron admitir que las protestas pudieran desembocar en una huelga. «Hay que acompasar los movimientos a los objetivos y tomar el pulso a la sociedad», insistieron.
Los empresarios, que aprueban los aspectos esenciales de la iniciativa del Gobierno, no quisieron insistir en sus argumentos favorables a los cambios. Los autónomos, que se reunieron durante la tarde con la ministra, prodigaron los elogios a la reforma, que consideraron «una apuesta clara por las pequeñas y medianas empresas como generadoras de empleo».
Inconstitucionalidad. Las centrales sindicales insisten en que aprecian indicios de inconstitucionalidad en varios puntos de la nueva norma. Destacan, entre ellos, la dualidad en el tratamiento dispensado a los trabajadores contratados por empresas de menos de 50 trabajadores, que podrán permanecer hasta 365 días «sin derecho a indemnización por despido», lo que supone una clara discriminación respecto al resto. Los sindicatos también opinan que podría atentar contra los principios consagrados en la Carta Magna la posibilidad de que, si en la redacción de un convenio fracasan los términos acordados en la negociación colectiva, se pueda dictar un laudo obligatorio con participación de la administración.
La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, rechazó estas acusaciones. Y se esforzó en defender que el Gobierno respeta la autonomía de las partes. Por eso, explicó, la norma ha incorporado los elementos del acuerdo alcanzado entre sindicatos y organizaciones empresariales, que consagra, en la negociación de los convenios, procedimientos de solución extrajudicial de conflictos y un posterior arbitraje.