«Las empresas no deben liquidar porque les será más difícil cobrar»
«A falta de conocer el mecanismo concreto que va a utilizar el Gobierno en sintonía con las entidades financieras para que las empresas puedan cobrar, desde el CEL recomendamos a las empresas que están en dificultades, incluso al borde de la quiebra, que no liquiden las sociedades porque les será más difícil entonces cobrar la deuda». Así lo señaló ayer el presidente de la organización patronal, Emilio de la Puente.
Desde la asociación empresarial se valora positivamente la medida aprobada ayer por el Gobierno, aunque se advierte de la complicada situación por la que atraviesan empresas y autónomos. «Entendemos que la operación financiera que ha diseñado el Ejecutivo con la ayuda de los bancos y el Instituto de Crédito Oficial para combatir la morosidad es un esfuerzo que apreciamos, sin embargo no podemos olvidar la catástrofe económica que ha supuesto el cierre de miles de pymes y autónomos debido a las facturas sin pagar de los ayuntamientos y comunidades».
El CEL insistió ayer en la necesidad de que se cumpla «sin dilación» la Ley de Morosidad, para «evitar situaciones similares en el futuro».
Por su parte desde la Fele se valora también positivamente una «idea imaginativa y que demuestra las ganas de trabajar y buscar soluciones del Gobierno», aunque la patronal considera necesario que el Ejecutivo sea «muy exigente con las medidas de ajuste que tienen que tomar los ayuntamientos». Y en este punto, «tenemos dudas y preocupación. Pero sin este ajuste la medida no funcionará».
Álvaro Díez insiste en la necesidad de que los ayuntamientos opten por la austeridad «y adapten sus estructuras a la situación actual. Pero no se atreven a actuar como las empresas, aunque ahora la ley les permite llevar a cabo también expedientes de regulación de empleo».
El gerente de la Fele lamenta que «con el dinero de los empresarios se estén pagando las nóminas de los ayuntamientos, eso es algo que no puede ser». Máxime cuando no se está poniendo freno a las «estructuras desorbitadas» que se crearon en las administraciones locales durante los años de bonanza.
«Claro que es impopular tomar medidas contra el empleo en los ayuntamientos. Pero también lo es para los empresarios despedir a sus trabajadores, y no está quedando más remedio que tomar estas medidas», concluye.