Las minorías de la salud pública
La cobertura sanitaria excluye en León a 6.508 personas, pero la Junta garantiza «asistencia para todos». . El fantasma del ‘copago sanitario’ empieza a estimular la contratación de seguros privados de salud.
No parece que todos estemos amparados bajo el mismo paraguas. El derecho universal a la sanidad pública tiene un gran agujero en la provincia que afecta a 6.508 personas que carecen de cobertura, según los datos de la Consejería de Sanidad de Castilla y León. Son «muy pocos los colectivos en la actualidad sin asistencia sanitaria de ningún tipo», remarcan las mismas fuentes en una respuesta técnica a las dudas y confusión que vienen generando los numerosos casos de leoneses que, para su sorpresa y sin aviso de ningún tipo, han perdido su derecho a tener una tarjeta sanitaria de la Seguridad Social. Cierto que la cobertura del aseguramiento público alcanza en León a 470.883 personas (a 1 de enero) y que miles de leoneses tienen además contratado un seguro privado, pero los devastadores efectos de la crisis económica y financiera están dejando fuera de la sanidad pública a parados sin prestación o subsidio por desempleo, personas que nunca cotizaron o lo hicieron en países sin convenio con España o determinaos colectivos profesionales, en los que se incluyen abogados o arquitectos.
Mapa difícil. «Suponemos que los movimientos de población son tan continuos que impiden tener una foto fija que cuadre al cien por cien. No obstante, insistimos en que son muy pocos los colectivos sin asistencia sanitaria», subraya la aclaración de Sanidad. Y los que quedan, al menos de momento, no tendrán problema en acceder a una asistencia sanitaria gratuita a través de las vías ya establecidas: la tarjeta para personas sin recursos que se tramita en los centros de salud —hay activadas 2.872 en la provincia de León— o solicitar en una oficina del INSS el reconocimiento de la asistencia sanitaria e incluir al solicitante en otra cartilla, como la de los padres.
A finales del año pasado, todos los grupos políticos acordaban en una enmienda transaccional que la Ley de Salud Pública extendería el «derecho a la asistencia sanitaria pública a todos los españoles residentes en territorio nacional a los que no pudiera serles reconocido en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico». La ley entró en vigor en enero de este año para parados de larga duración y otros colectivos y tiene un plazo de unos meses para ir incorporando capítulos que garanticen «la universalización» de la sanidad pública. Afecta, sobre todo, a aquellas personas en paro que ya han agotado la prestación o el subsidio de desempleo y a determinados colectivos, como abogados o arquitectos.
500 euros por ciudadano. En el caso de los parados, la ley establece que la extensión de este derecho sea una realidad a partir del 1 de enero de 2012 y, para el resto de colectivo, que se haga de forma paulatina antes de que acabe dicho año. La medida beneficiará a más de 6.000 personas en León y a cerca de 200.000 ciudadanos en el resto del país. Conllevará un gasto para el sistema no superior a cien millones de euros al año, lo que toca a una media de 500 euros por beneficiario.
Pese a los intentos, la sanidad no ha sido universal ni gratuita para todos. Sólo se tiene el derecho a la asistencia sanitaria pública si hay alta en la Seguridad Social o una situación asimilada (incapacidad temporal, huelga legal...) o si se tiene reconocida alguna pensión o prestación que implique ese derecho, puesto que no todas la llevan. Paradojas del sistema: mientras un subsidio para mayores de 52 años sí incluye el derecho sanitario, la protección familiar por hijo a cargo no.
Se da la circunstancia que, desde enero de 1999, el país lleva asumiendo toda la financiación de la asistencia sanitaria. en aquel momento se suprimían las aportaciones de las cotizaciones sociales y se desvinculaba totalmente el binomio Sanidad-Seguridad Social. De esta manera finalizaron las aportaciones directas de la SS y la sanidad pasó a financiarse íntegramente con impuestos generales que salen del bolsillo de todos los ciudadanos, tales como el impuesto sobre el valor añadido o el de la renta sobre las personas físicas. De manera que con sanidad contribuye toda la ciudadanía, incluidos los extranjeros residentes, aunque estén en el paro.
En León se está produciendo un nuevo fenómeno vinculado a este hecho. Hay 1.716 ciudadanos menos con tarjeta sanitaria este año que el anterior. La sangría poblacional explica este hecho. Lo curioso es el leve impulso que empieza a tomar la contratación de seguros privados de salud desde que ha aparecido el fantasma del copago sanitario. Las pólizas con las mutualidades no sólo no han descendido, como sería la tendencia natural teniendo en cuenta el bajón de la población, sino que han incrementado a un ritmo nada despreciable en un momento económico tan sensible. El 1 de enero de este año, 27.696 personas tenían contratado un seguro privado de salud, es decir, que ya seis de cada cien personas con cobertura sanitaria en León acuden a mutualidades como Muface, Isfas o Mugeju. Justamente un año antes, eran cinco de cada cien.
En la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) hay un ligero mayor porcentaje de contratos de mujeres tantos del INSS como de las entidades de seguro libre. El 44,7% de ellos pertenece al grupo de 50 años o más. En el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) hay más contratos de mujeres que acuden al INSS y de hombres que se decantan por las entidades de seguro libre. Al igual que en León, en el resto de provincias de Castilla y León hay más hombres asegurados. El 76,6% de sus mutualistas tiene más de 50 años. Por último, en la Mutualidad General Judicial (Mugeju) son mayoría los contratos de seguros por parte de mujeres (59,8%). Sus mutualistas, mayoritariamente, tienen menos de 30 años de edad.