El ex director de Trabajo afirma que Chaves conocía los trámites de los ERE

Fiel a su palabra, el que fuera director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero optó por «tirar de la manta» y apuntó a lo más alto. El ex alto cargo aseguró que el Ejecutivo autonómico que presidía Manuel Chaves conocía los procedimientos que se cometieron en la concesión de ayudas a empresas en crisis o con las prejubilaciones pagadas con dinero público. «Nadie del Gobierno andaluz puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas», aseveró tajante ante la juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.

Era la primera vez que Guerrero comparecía en sede judicial para defenderse, y su declaración, como estaba previsto, cayó como una bomba un día antes del inicio de la campaña electoral autonómica, muy movida ya por este fraude y el escándalo, con grabaciones incluidas, surgido esta misma semana en la empresa pública andaluza de inversión y capital riesgo Invercaria.

La juez entiende que Guerrero conocía la inclusión de intrusos en los ERE y que las ayudas se destinaban a empresas de municipios socialistas o afines al partido, y le ha imputado de tres delitos continuados de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos, y otros tanto de falsedad en documento mercantil y oficial. También recordó a Guerrero las acusaciones de su ex chófer acerca de que se gastó el dinero público en drogas y juergas, extremo que el imputado ha negado con la cabeza. No obstante, el ex directivo de la Junta entre 1999 y 2008 aseguró a la entrada del juzgado que no se sentía «culpable de nada» y que su intención era contar «toda su verdad» mientras durase su comparecencia, que está previsto que continúe hoy.

«Fondo de reptiles». Según relató a la magistrada, se realizó un convenio marco entre la entonces Consejería de Innovación y Empleo para que fuera el antiguo Instituto Andaluz de Fomento el que se encargase de conceder las ayudas con cargo a la famosa partida denominada 31-L, que el propio Guerrero calificó ante la Guardia Civil de «fondo de reptiles».

El convenio no se hizo para evitar controles administrativos, como denuncia el PP, sino para mantener la paz social ante diversas crisis laborales. El ex alto cargo afirmó incluso que a él no le gustaba mucho porque era una partida «discrecional» y reconoció que en algunos casos se hicieron muchas «concesiones que no estaban en el papel».

Según el ex director de Trabajo, todas las relaciones presupuestarias de las ayudas se veían en el Consejo de Gobierno, e incluso cada consejero se preocupaba de las ayudas destinadas a empresas de su provincia. Mencionó de forma expresa a Gaspar Zarrías, ex consejero de Presidencia y líder socialista en Jaén, o el que fuera consejero de Empleo hasta 2004 y secretario provincial del PSOE de Sevilla hasta hace unas semanas, José Antonio Viera. También subrayó que el gabinete del propio Chaves, siendo presidente, le dio instrucciones escritas para que «sí o sí» se solucionara un conflicto laboral en una empresa donde estaba previsto un acto público, una situación que se repitió con el ex viceconsejero de Empleo ya imputado Agustín Barberá. Algunas órdenes de ayuda le supusieron aumentar el presupuesto con dinero que no tenía. Unos datos que le llevaron a concluir ante la juez que «es un dato objetivo» que la cúpula del Ejecutivo regional conocía el sistema de ayudas.

1397124194 «Toda la verdad». Antes de conocer las acusaciones de Guerrero, desde el PP andaluz expresaron su confianza en que el ex director de Trabajo «dijese toda la verdad» para poder así «cerrar página cuanto antes» de este caso. En este sentido, el vicesecretario general de los populares en Andalucía, Ricardo Tarno, hizo hincapié en que los andaluces tienen derecho a conocer qué ha ocurrido con el dinero que iba destinarse a los parados y a las empresas y que, «según el PSOE, ha estado manejado durante años por un golfo».