La jueza de los ERE mete a Guerrero en la cárcel por si se fuga por «presiones»

El auto de la juez instructora de los ERE que manda a prisión al exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero es una auténtica bomba en pleno inicio de la campaña electoral. Y es que reconoce claramente que Guerrero y otras personas de la administración, no mencionadas aunque se deducen fácilmente de sus declaraciones de estos días, concedieron 887 ayudas sociolaborales (los ‘intrusos’) y ayudas directas a empresas en crisis «a sabiendas de su absoluta falta de competencia» y «omitiendo clamorosamente y de manera continuada el procedimiento legalmente aplicable». Unos beneficiarios que, casualmente, siempre tenían relación con el PSOE.

Primer encarcelado. Guerrero es el primer encarcelado por este caso. Según reconoce la magistrada, dada la gravedad de los hechos y que su testimonio puede provocar nuevas implicaciones, el ingreso en prisión evita que el exdirector de Trabajo pueda recibir «presiones» para darse a la fuga y no seguir tirando de la manta, o bien que entorpezca la investigación modificando pruebas o influyendo en otros imputados. Eso sí, la juez carga expresamente contra quienes puedan ver en esta decisión un interés electoralista, una visión «absolutamente falta de respeto y consideración a la función de defensa de la legalidad de la Fiscalía».

Y es que el auto de la magistrada Mercedes Alaya supone un duro golpe a la política de ayudas a empresas en crisis realizadas por el Gobierno andaluz en la pasada década. Un sistema con el que, como justificaba esta semana el propio Guerrero, la Junta perseguía la consecución de la paz social en una tierra agriamente golpeada por el paro. La descripción que hace la jueza de cómo se trabajaba es esclarecedora en este sentido y no ahorra calificativos.

Guerrero, cuya actuación supuso una «distracción continuada de dinero público, un absoluto dispendio», en palabras de la jueza, daba ayudas «omitiendo el procedimiento y los controles, conociendo la ausencia de cobertura presupuestaria, de manera manifiestamente injusta y arbitraria».Todo para beneficiar a «familiares, amigos o personas próximas al entorno de Guerrero, al entorno de altos cargos de la Junta o del PSOE». En total, con esta fórmula se concedieron 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas directas a empresas.

Sólo para unos pocos. El auto cuestiona desde el inicio que se hiciera un convenio marco entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento Andaluz para dar las ayudas de forma directa. Hacerlo de otra forma «exigía un marcado control de la solicitud de ayudas», algo que, a juicio de la jueza, no casaba con las intenciones del exalto cargo ahora encarcelado, que durante toda su declaración subrayó que el procedimiento era conocido por la cúpula de la administración regional, incluidos consejeros y presidente de la Junta.

Además, en muchos casos no era la empresa afectada quien solicitaba de inicio la ayuda sino que era el propio Guerrero quien ordenaba el pago de las ayudas destinada a la suscripción de pólizas de rentas «sin suscribir el convenio con IFA o IDEA para que ésta materializara dicho abono». «Todo el proceso se realizó en un reducido espacio de tiempo y con coincidencia de fechas para permitir el enriquecimiento de unos pocos», asevera el auto, que aporta datos. La comarca de la sierra sur de Sevilla, donde radicaban los principales beneficiarios de las ayudas —entre otros el hermano del expresidente de la Junta Ángel Rodríguez de la Borbolla, alcalde de un municipio— recibió de Guerrero 50,8 millones de euros, mientras que el resto de Andalucía solo percibió 24,6 millones.

La jueza Alaya pone el dedo en la llaga con el tema de los «intrusos» incluidos en los ERE y critica que Guerrero, «de acuerdo con otros», extendiera la idea de que la Junta asumiría el coste de las prejubilaciones de trabajadores despedidos. La administración acabó pagando los despidos, pese a que era una obligación de los empresarios, aunque no fueran necesarios o incluso sin ERE.