Los jueces del Supremo no se ponen de acuerdo sobre las fosas del franquismo
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no llegó a un acuerdo para decidir qué autoridad es la competente para autorizar la apertura de fosas con restos de las víctimas de la represión del franquismo. La decisión está en el aire desde que en mayo del 2009 Baltasar Garzón se inhibió a favor del alto tribunal, que, a su vez, pospuso la decisión hasta que se resolviera la causa contra el exjuez de la Audiencia Nacional por la investigación de los crímenes de la dictadura.
Tres cuartos de hora discutieron los magistrados de la Sala de lo Penal y lo dejaron para la semana que viene ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo. Las aperturas de fosas con fusilados del franquismo viven desde hace tres años una especie de limbo legal porque no está claro qué autoridad tiene la competencia para autorizarlas o denegarlas. A veces son supervisadas por el juzgado local y otras por nadie.
La historia arranca de noviembre del 2008, cuando Garzón, que un año antes se había declarado competente para investigar los crímenes del franquismo al aceptar unas denuncias de las asociaciones de memoria histórica, se inhibió para autorizar las exhumaciones en favor de los juzgados de las circunscripciones en que se encontraban las fosas. Pero los tribunales de Granada y El Escorial rechazaron un año después su competencia y devolvieron el asunto a la Audiencia Nacional
La decisión, sin embargo, sigue pendiente.