Un año de negociación marcado por las exigencias de saneamiento financiero
Los requisitos al sector financiero que han ido imponiendo los gobiernos de distinto signo político desde principios del 2011 y, sobre todo, la reforma de enero del 2012 han marcado el proceso de fusión de Caja-España-Duero con Unicaja, que recibió un fuerte impulso hace ahora un año e importantes dificultades al principio del 2012, lo que ha complicado la recta final del proceso.
El 28 de enero del 2011 el Consejo de Ministros, asfixiado por los mercados financieros internacionales, entiende que es hora de acelerar y acabar de una vez con el proceso de reestructuración del sistema financiero nacional y cambia de un plumazo toda la normativa sobre la materia. Extrema las exigencias de solvencia a las entidades y genera un terremoto en los planes de una entidad como Caja España-Duero, que apenas llevaba seis meses funcionando y que había presentado al Banco de España una estrategia de crecimiento muy bien valorada. Se inicia en ese momento una carrera por buscar un socio que evite una nacionalización encubierta y permita a la entidad mantenerse como una caja de ahorros.
En el camino se queda una negociación con el grupo Mare Nostrum, (Caja Granada, Caja Murcia, Caixa Penedés y Sa Nostra, rota oficialmente el 15 de marzo de ese año, cuando lo comunicaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV). Pocos días antes, el 10 de marzo, el Banco de España había puesto cifras a las necesidades de capital de Caja España-Duero para lograr los ratios de solvencia marcados por el Ministerio de Economía. En concreto, necesitaba 463 millones de euros y pedía de forma inmediata a las entidades una ‘hoja de ruta’ que debería concluir el 30 de septiembre.
El 21 de marzo, Caja España-Caja Duero y Monte de Piedad y Unicaja informaron a la CNMV de la existencia de conversaciones entre ambas entidades.
El 28 de julio el Consejo de Administración de la entidad aprueba la segregación de todo su negocio financiero a favor del banco, un paso necesario para cualquier movimiento posterior y que es refrendado por la asamblea el 5 de septiembre. Dos días después, las dos partes se dan el sí quiero, en sendos consejos en Málaga y León, que aprueban el contrato de integración. El refrendo de las asambleas llegó para Unicaja el 24 de septiembre y para Caja España-Duero, dos días después.
La consecución del proceso se roza con los dedos a comienzos del 2012, pero el 3 de febrero, el nuevo gobierno del PP aprueba el Real Decreto Ley sobre reforma del sistema financiero, con nuevos requisitos de provisiones para sanear las entidades frente a los activos tóxicos del ladrillo.
Finalmente, la fusión parece quedar encarrilada después de los consejos de administración de ayer y la semana que viene puede darse el paso definitivo con la aprobación por estos órganos, un si que deberá ser ratificado por los asambleas de ambas cajas.