Fianza récord al ex director de Trabajo de la Junta andaluza
La juez fija en 686 millones la caución para afrontar el «ingente despilfarro».
El ex director general, en una imagen de archivo.
El ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero deberá hacer frente a una fianza de vértigo por su implicación en el fraude de los ERE pagados con dinero público. La juez que instruye el caso ha fijado en 686 millones de euros la caución en concepto de responsabilidad civil para afrontar el «ingente despilfarro» y los posibles perjuicios a la hacienda autonómica durante su gestión en Empleo entre 1999 y 2008, y por los que la magistrada apunta que es «previsible» que sea condenado.
La elevada fianza, muy por encima de los tres millones impuestos al ex presidente balear Jaume Matas y que era la más alta hasta ahora en un caso de corrupción política, es inferior a la petición realizada por la Fiscalía, que reclamaba 933 millones de euros por el mismo concepto. La cantidad de la garantía, dada a conocer en el último fin de semana de campaña electoral, se ha establecido a partir del cómputo que la juez Mercedes Alaya hace de las distintas líneas de fraude que imputa a Guerrero: ayudas sociolaborales irregulares y las labores de asesoramiento realizadas por terceras empresas «sin que en principio conste causa legal para ello», que asciende a 456 millones de euros; ayudas directas a empresas, 59 millones; las primas por ‘intrusos’, incluida su propia suegra, tres millones, y los pagos cruzados no incluidos en la contabilidad, otros cuatro millones. A la cifra resultante, Alaya sumó otros cinco millones de euros en previsión de nuevas irregularidades que todavía están en fase de investigación.
Además, la juez justificó su decisión de imponer una fianza porque entiende que hay «sólidos indicios» contra el ex director general de Trabajo de la Junta, por lo que «efectuando un cálculo de probabilidades es previsible que pudiera ser condenado», y teniendo en especial consideración «el principio de proporcionalidad» en las medidas cautelares en relación al daño causado. Asimismo, Alaya evaluó el daño que podría provocar «el inevitable retraso en la resolución definitiva de la causa», y advirtió incluso que debido a la amplitud de la investigación la fase de enjuiciamiento «se demorará más allá de lo deseable».
Según se desprende del auto comunicado a las partes, la juez solo tiene en cuenta las irregularidades detectadas en las ayudas tramitadas y concedidas durante la gestión de Guerrero. Así, carga contra sus sucesores y superiores también imputados al entender que todos ellos «pudieron advertir» la presunta ilegalidad, pero no detuvieron los pagos ni pusieron en marcha mecanismos para reintegrarlas.
Asimismo, la juez rechaza la expulsión de la Junta como acusación particular en la causa para ser considerada responsable civil subsidiaria, como pedía la defensa del ex directivo. Argumenta que en un plano teórico la administración autonómica podría tener la doble condición de perjudicada y presunta responsable civil subsidiaria, pero en el plano real, los «verdaderos perjudicados u ofendidos» por los delitos que se investigan «son los ciudadanos de este país».