La Fiscalía del caso de los ERE pide cárcel para el ex consejero de Empleo
La juez debe decidir sobre la suerte de Fernández tras cuatro días de preguntas.
El ex consejero de Empleo a su llegada a los juzgados.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer a la juez Mercedes Alaya el ingreso en prisión, sin posibilidad de fianza, del ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández por su implicación en el supuesto fraude de los ERE pagados con dinero público. La medida cautelar, reclamada por el riesgo de fuga y para impedir que pueda perjudicar la investigación, también fue solicitada por el PP y el sindicato Manos Limpias una vez que el ex alto cargo, ante la sorpresa de todos los abogados, se llegó a preguntar en su alegato final acerca de «cómo podría yo haber evitado esto».
La juez deberá decidir en las próximas horas no solo sobre el encarcelamiento sino también sobre si impone al imputado una caución de 890 millones de euros para cubrir posibles responsabilidades civiles, tal y como le reclamaron las tres acusaciones. El abogado de la Junta no consideró preciso el ingreso en prisión del ex consejero y creyó suficiente que se le impusiese una comparecencia semanal ante el tribunal.
La petición de la Fiscalía se produjo después de cuatro intensas jornadas de interrogatorios en las que Fernández, al que la juez imputa cuatro delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y fraude en subvenciones, así como otros dos cargos por cohecho y falsedad en documento mercantil, defendió en todo momento la legalidad del sistema de ayudas promovido por la Junta. También reiteró su desconocimiento acerca de las irregularidades en la concesión de ayudas directas a empresas, algunas de ellas vacías de contenido, o la inclusión de «intrusos» en algunos de los expedientes pagados con dinero público.
La sorpresa de la jornada saltó durante su alegato final, en el que el ex consejero apuntó que, «a la vista de las evidencias del procedimiento» en relación a las supuestas irregularidades, se ha preguntado varias veces «cómo podría yo haber evitado esto». Hizo hincapié en el posible exceso de confianza con su equipo de subordinados.
El ex consejero, minutos antes, respondió a más de 200 preguntas formuladas por el PP, personado como acusación particular en la causa y que volvió a cuestionar la legalidad del sistema de ayudas puesto en marcha en 2001 por la Junta para socorrer a empresas en crisis.
Al igual que en las tres jornadas previas, el ex consejero defendió en todo momento que el sistema de ayudas instaurado en 2001 –transferencias realizadas desde una empresa pública- se ajustaba a la legalidad y como tal era conocido por todo el ejecutivo regional.
De forma paralela, y mientras continúa la instrucción judicial, el PSOE andaluz se sumó ayer a la iniciativa de IU y anunció que registrará en el Parlamento autonómico una propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el caso de los ERE, que anteriormente rechazó en una decena de ocasiones.