A por la raíz política de los ERE

El Parlamento andaluz vivirá esta semana una situación inédita en los últimos 17 años, la constitución de una comisión de investigación. El motivo de semejante novedad es el supuesto fraude de los ERE pagados con dinero público, un escándalo que investiga la justicia desde hace meses, pero al que la cámara era ajeno pese a las indudables raíces políticas del caso. La jueza instructora, Mercedes Alaya, mantiene en prisión preventiva a un ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, y a un ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.

Los grupos parlamentarios tendrán que determinar ahora si además de las penales hay algún tipo de responsabilidad política de los anteriores gobiernos socialistas en las irregularidades cometidas, un fraude que, según el PP, asciende a 1.400 millones de euros. Pero la polémica ha saltado con las posibles comparecencias incluso antes de que se apruebe el método de trabajo y el funcionamiento de la comisión de investigación, quese convirtió en una de las condiciones fundamentales que IU puso al PSOE para apoyar cualquier pacto de gobierno y la investidura de José Antonio Griñán. Aún no está decidido quiénes comparecerán para dar explicaciones de lo que sabían o desconocían sobre las ayudas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Junta. A la ausencia obvia de los dos altos cargos encarcelados se suma la controversia por las peticiones para evitar «cacerías políticas» con citaciones injustificadas. En este capítulo entraría, según el PSOE, la solicitud de comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y su antecesor Manuel Chaves.