El Parlamento andaluz aprueba la comisión de investigación de los ERE

Con la unanimidad de todos los grupos políticos, el Parlamento andaluz aprobó ayer la creación de una comisión de investigación sobre las irregularidades en los ERE pagados con dinero público. Se trata de la primera comisión de investigación que la cámara celebra desde 1995, y aunque la intención de los dos partidos que conforman el Gobierno (PSOE e IU) es que concluya antes del inicio del próximo curso político, aún no se ha decidido el listado de comparecientes.

La de los ERE será la novena comisión de investigación que se celebra en el Parlamento, después de que el ejecutivo socialista parase la decena de propuestas para esclarecer este asunto planteadas durante la pasada legislatura. En esta ocasión, cada grupo presentó la suya propia, aunque la de PSOE e IU compartía enunciado. Esta ha sido precisamente la que ha salido adelante, y contempla que la investigación se centre en el periodo 2001-2010, mientras que el PP proponía ampliarla hasta el año 2000.

A partir de ahora, los grupos deberán presentar sus candidatos para la presidencia y composición de la comisión, que será aprobada el próximo miércoles. Una vez constituida, será el turno de los debates entre los partidos para determinar el calendario y el listado de posibles comparecientes. En este sentido, el portavoz de IU, José Antonio Castro, volvió a insistir este jueves en que no habrá «líneas rojas, imposiciones o cortapisas» para depurar responsabilidades en «el escándalo más mayúsculo de corrupción y de uso fraudulento de fondos públicos» de Andalucía.

Castro dejó claro que cualquier asunto susceptible de ser delito será comunicado inmediatamente a la juez que instruye el caso, por lo que consideró que ambas investigaciones pueden ser «compatibles y complementarias». Y tras lamentar que durante años «se hayan estado repartiendo cientos de millones de euros sin control, con total discrecionalidad y sin instruir incluso expedientes», insistió en que deberán comparecer miembros del anterior y del actual Consejo de Gobierno.

«Atendiendo a los nombres de los implicados», explicó, «no ha podido haber un solo culpable». Aún más lejos fue el diputado del PP-A Rafael Carmona, quien abundó en que resulta inevitable «no reconocer la implicación» del actual presidente de la Junta y su antecesor, Manuel Chaves. Ambos, dijo Carmona, tendrán que explicar «por qué idearon un sistema mediante el cual se repartieron más de mil millones de euros sin hacer públicas las convocatorias y las concesiones y sin publicar en el BOJA».

Durante su intervención en el pleno de la Cámara para debatir la creación de la comisión de investigación, Carmona aseguró que los socialistas están «en la médula del caso» porque ellos mismos «son el caso», ya que han utilizado una forma de proceder «absolutamente fraudulenta».

Denunció que el PP intentó constituirla en la anterior legislatura hasta en diez ocasiones pero nunca fue posible porque el «rodillo socialista lo impedía», mientras que ahora «baja la cabeza y dice que sí», lo que pone de manifiesto «el triunfo en las últimas elecciones de Javier Arenas y del PP».

Carmona defendió que los andaluces «tienen que saber quiénes y por qué repartieron fondos públicos sin control alguno» en lo que entiende que ha sido el «mayor robo de dinero público nunca visto», por lo que es necesario depurar responsabilidades.

Sus palabras tuvieron rápido eco en el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, quien criticó que la «derecha andaluza» trate de cuestionar la credibilidad de las instituciones regionales «con un burdo montaje» porque «no le interesa la verdad, sino perseguir» a Griñán. Jiménez aseguró que la comisión de investigación responde al «firme compromiso ético» del PSOE, en cuyas filas «no tienen cabida quienes confunden interés personal y general».

Para Jiménez, la puesta en marcha de la comisión es consecuencia del afán del PSOE por «aclarar los hechos, identificar a los responsables y depurar responsabilidades, dentro y fuera de la política», por lo que su grupo afronta su constitución «con las máximas exigencias».