¿De qué trabajo quieren que comamos?

Opinión | Juan José Naveira, José E. Porto, Miguel Vélez, Juan Manuel Gutiérrez, Roberto Abella y Jesús González

mineros de Laciana, El bierzo y Montaña Central encerrados en la Diputación de León

Quince días en nuestro caso y 30 en el de nuestros compañeros de Santa Cruz del Sil. Dos encierros que representan en la provincia la movilización minera. Con ánimo alto pero con rabia. Rabia por la cantidad de mentiras, desplantes y demás chulerías con que nuestros dirigentes nos obsequian cada día.

Se nos quieren atribuir una serie de privilegios que cualquier persona que conozca la realidad del sector sabe que no son ciertos. Se nos acusa de contar con ventajosas condiciones de prejubilación, cuando en realidad se nos expulsa del mercado laboral en lo mejor de nuestra vida y, eso tampoco se dice, con las espaldas machacadas, las rodillas destrozadas y los pulmones cargados de carbón. Nadie dice que en otros sectores se prejubilan igualmente y que, como en el caso de la banca tan en boca de todos últimamente, sin ningún problema de financiación: la pagamos todos gracias a «préstamos ventajosos» del Estado y de Europa a través del tal FROB. Telefónica, en manos de ciertos amigos también reestructuró su plantilla con la misma fórmula.

La edad de prejubilación, ciertamente joven, es también motivo de crítica. Pero nadie dice el número de mineros que no llega a los 70 años por culpa de la silicosis.

Nuestros enemigos nos acusan de que el carbón es un sector privilegiado y que recibe más ayudas que ningún otro. Todo el mundo sabe el número de mineros que había en 1996, cuando se negoció el primer Plan del Carbón y Desarrollo Alternativo de las comarcas Mineras (1998-2002), el «famoso» Miner: 12.000 sólo en la provincia de León. Hoy no llegamos a 2.000, el doble si tenemos en cuenta las subcontratas que cotizan, encima, en la construcción, el metal y el transporte.

Los sucesivos planes para el carbón recogían medidas para reestructurar el sector y reindustrializar las cuencas. En el caso de la reducción de plantillas, se ha cumplido a rajatabla. No así las recolocaciones ni la reindustrialización alternativa de las comarcas. Pero, ¿tenemos culpa los mineros de esta situación? Los diferentes gobiernos se han limitado a inyectar dinero a empresas y organismos públicos sin llevar ningún tipo de control. Consecuencia de ellos son todos los polígonos industriales vacíos que se reparten por la provincia, en los que empresas fantasma se han beneficiado de subvenciones y grandes empresas que en la provincia crearon grandes expectativas en la práctica cogieron el dinero y se han ido.

Ahí tenemos los casos de Comonor, LM, Cristalglass, Alquadre Zinc, casi todo el polígono de Bembibre o La Robla, el fiasco del área empresarial de Villablino, o el engaño de Enervisa en la vieja y olvidada cuenca de Cistierna-Sabero: crecieron al calor de los Miner y cerraron en cuanto los cazaprimas pudieron plegar velas, todo gracias a nuestro esfuerzo. Y por si fuera poco el caso sangrante de la Ciuden de Cubillos del Sil y Ponferrada, que debería ser lo que garantizase un mínimo de actividad de la minería y de las cuencas leonesas, que la hiciese sostenible y acabase con el lastre-mito de la contaminación: ahora el PP pone a la cabeza a un experto liquidador (fue gerente del fracaso de LM) y está en serio peligro su continuidad, tanto de la planta de captura de CO2 como el del Museo Nacional de la Energía. Lo primero que ha liquidado ya el rey Melchor es el plan de desarrollo territorial sostenible de Ciuden, tan fundamental para nuestras comarcas carboneras.

En definitiva, ni se han creado empleos alternativos —y los pocos que se generaron se han destruido en menos de una década, lo que demuestra su poca solidez y falta de compromiso— ni se han producido las nuevas incorporaciones —las recolocaciones— que debían haberse dado para compensar las plantillas de las minas con el personal suficiente para su explotación. Por fracasar ha fracasado hasta lo más fácil: la creación o modernización de infraestructuras con un dinero que llegó como un maná para la Junta, Diputación y Ayuntamientos y que ni han sido capaces a gastar. Hace unos días Rajoy nos contó la verdad que nuestras administraciones más cercanas nos negaban, y que sabíamos: las comunidades autónomas no han sido capaces de gastar, desde el 2004, 450 millones de euros para obras y proyectos singulares. Casi la mitad corresponden a León, donde la Junta (siempre en manos del mismo partido que ahora gobierna el Estado) decía que se estaban ejecutando o que era culpa del Ministerio y no suya. Ahora perdemos todo ese dinero, porque también Rajoy y el ministro Soria lo recortan y nos lo quitan.

Llegados a este punto nos encontramos con que todo lo pactado no se cumple, que el nuevo Gobierno aprovecha la situación de crisis para liquidar el sector como el PP ya trató de hacer en 1996 sin éxito. Pero liquidarlo sin ningún tipo de expectativas, saltándose el vigente plan y sin hacer caso a las directivas europeas que marcan las condiciones de financiación hasta el 2018.

¿Tenemos la culpa los mineros de esto? ¿Debemos los mineros y las cuencas quedarnos cruzados de brazos? Y lo más importante, señor ministro y señor presidente: ¿qué piensan hacer ustedes para arreglar esto? ¿De qué trabajo quieren que comamos?