Interior estudia pedir al Supremo que ilegalice Bildu por un vídeo sobre ETA
Podría actuar contra el ayuntamiento de San Sebastián por pagar un documental .
El ministro del Interior, muy crítico con la sentencia del Constitucional que legalizó el partido Sortu, encontró en ese mismo fallo la rendija que llevaba tiempo buscando para actuar contra la coalición electoral de la izquierda aberzale Bildu. Jorge Fernández Díaz consideró que la decisión del ayuntamiento de San Sebastián, gobernado por esta alianza electoral, de financiar con 9.000 euros la producción de un documental sobre cinco presos de ETA es «un claro indicio» para pedir su ilegalización al abrigo del fundamento jurídico número 15 de la sentencia de Sortu.
«No nos va a temblar el pulso», dijo ayer el titular de Interior. El Ministerio considera que es constitutiva de delito la decisión del alcalde donostiarra Juan Carlos Izaguirre de conceder una subvención de 9.000 euros para la financiación del documental Barrutik begirako leihoak (Ventanas al interior), que dirigido por cinco directores trata las historias de cinco presos de ETA, entre ellas la de uno de los líderes de la organización terrorista, Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’. Interior sostiene que la película, aunque aún no está grabada, se puede enmarcar en uno de los supuestos de «justificación implícita del terrorismo» recogidos en la sentencia del Constitucional de la pasada semana.
En concreto, Interior plantea que el «ensalzamiento de los autores de acciones terroristas, o su presentación como víctimas o héroes, teniendo especial alcance cuando tales conductas se realicen por quienes, estando en puestos institucionales, las autorizan o toleran» encaja como un guante en este caso. Este supuesto está recogido en el fundamento jurídico número 15 de la sentencia de la corte de garantías constitucionales. Un fallo que Fernández Díaz dijo no compartir.
El ministro, sin embargo, señaló ayer que la decisión del consistorio donostiarra, aprobada el pasado viernes con los votos de Bildu y la oposición de PSE, PNV y PP, «choca frontalmente» con la sentencia del Constitucional en el apartado que refiere a los supuestos para impulsar una ilegalización sobrevenida. El fallo recoge varios escenarios para plantear la proscripción de una formación legal, entre ellos la colocación en pie de igualdad a las víctimas del terrorismo con los presos de ETA, pero también la apología de los autores de atentados, una circunstancia agravada cuando estas loas procedan de puestos institucionales.