El secreto de los sumarios judiciales se limitará a un mes
Gallardón afirma que sólo se prorrogará en casos excepcionales .
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Como ya anunció en marzo pasado, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tiene entre ceja y ceja dar la vuelta como un calcetín a la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo dice sin cortapisas en público y también en privado a jueces y fiscales, principales protagonistas de los cambios legales que están por venir.
Una de las novedades de la nueva norma será la limitación del secreto del sumario de los jueces instructores a solo un mes para evitar las filtraciones a los medios de comunicación y preservar la intimidad de los afectados. Así lo anunció este martes el ministro en unas jornadas de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. Gallardón señaló que la limitación del secreto de sumario sólo podrá ser prorrogado «por motivos muy excepcionales» por otras autoridades judiciales independientes a la del juez instructor, en referencias a las instancias superiores, salas de lo penal o audiencias provinciales, según el caso.
Con esta reforma, añadió, se pretende poner fin a los juicios paralelos y «acabar con la ficción de esos sumarios supuestamente secretos» que se pueden leer «a diario en los periódicos», según el ministro. Esto supondrá que la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigile de cerca de los autores de las filtraciones, que pueden ser desde las partes implicadas a personal de la administración de justicia. Una medida que incluiría sanciones para quien vulnere el secreto, no para quien lo divulgue.
Magistrados del CGPJ
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, abogó ayer en Ávila por que la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial incluya la elección consensuada de los ocho magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que deberá elegir el Parlamento.
En su intervención en la Escuela de Verano organizada por la Universidad Católica de Ávila (UCAV) y el periódico La Razón , el titular de Justicia se refirió a la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que permitirá de nuevo que, de los veinte miembros del CGPJ, doce los elijan los jueces y el resto, el Parlamento.
En este punto, incidió en que, en lugar de elegirse a esos ocho magistrados en función de los resultados electorales, se pueda alcanzar un acuerdo que deba ser aprobado con mayoría de tres quintos.
Ruiz Gallardón abogó por esta fórmula ante el que, a su juicio, es el «principal» problema del Poder Judicial, que es la «politización» y su vinculación «directa» con los partidos políticos.
Así, Alberto Ruiz Gallardón confió en que los partidos políticos se pongan «todos de acuerdo» para elegir a los miembros del CGPJ y del Tribunal Constitucional (TC), algo que hasta ahora, según reconoció, no se ha hecho y ha tenido resultados «francamente negativos».
Así, la futura Ley Orgánica del Poder Judicial supondrá, en su opinión, un cambio «fundamental» que contribuirá a resolver «muchos» de los problemas de politización de la Justicia española.
En este marco y para propiciar la competitividad en la Administración de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón abogó por una reforma «en profundidad», pero con la «flexibilidad lo suficientemente inteligente» como para dar respuesta a la realidad actual.
Por ello, incidió en los pilares en torno a los que pivotará la reforma judicial, como serán, además de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la de la Ley de Demarcación y Planta y la de Enjuiciamiento Criminal.