El Gobierno diseña la reforma del Poder Judicial para impedir otro caso Dívar
Propone endurecer los requisitos para ser presidente y reducir la institución.
Soraya Sáenz de Santamaría y Alberto Ruiz-Gallardón, tras el Consejo de Ministros.
El Gobierno prepara una reforma legal que revolucionará la elección y el funcionamiento del máximo órgano de gobierno de los jueces y que parece diseñada para impedir que se repita un escándalo como el que obligó a dimitir en junio al hasta entonces presidente del del Poder Judicial, Carlos Dívar.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, desveló ayer las principales propuestas para la transformación del Consejo realizadas por el grupo de expertos que desde marzo analizan, por encargo del Ejecutivo, cómo mejorar el funcionamiento de la institución y aumentar su transparencia. Gallardón se comprometió a negociar ahora la propuesta con los grupos parlamentarios antes de elaborar un proyecto de ley que enviará al Congreso en otoño. La reforma debe concluir la tramitación parlamentaria y ser aprobada como muy tarde en marzo del 2013 porque es el momento de iniciar la sustitución de los miembros del Consejo que agotan sus cinco años de mandato en septiembre.
Los expertos, magistrados del Tribunal Supremo, catedráticos y profesionales de la Justicia, elaboraron su informe en paralelo a la crisis institucional desatada por la noticia de que Dívar pagó durante años sus viajes de fin de semana con fondos públicos. El informe eleva de manera notable los requisitos para poder presidir el Poder Judicial, resuelve la situación de vacío de poder provocada por la dimisión de Dívar, suprime los sueldos y gastos protocolarios de los vocales, exige autorización para los viajes internacionales, y obliga a la transparencia de la institución. La aceptación de las propuestas reduciría de forma drástica la infraestructura del Consejo y sus presupuestos.
El cambio propuesto reclama que sea evidente que quien dirige el Poder Judicial lo hace porque preside el Supremo, la cúspide de los tribunales españoles. Solo habría dos fórmulas de conseguirlo. Si se es juez será preciso ser magistrado del Supremo —Dívar no pertenecía a esta corte sino a la Audiencia Nacional— y tener una antigüedad mínima de tres años en una de sus salas. Si se es jurista, para ser candidato deberá acreditar al menos 25 años de experiencia profesional, diez más de los exigidos ahora. Nadie quiere volver a repetir el actual vacío de poder y bicefalia.