El Gobierno prorroga el ladrillo en el litoral

Construir más fácil en un litoral menos protegido. Así puede resumirse el anteproyecto de la nueva ley de costas aprobado en el Consejo de Ministros ayer. El Gobierno redefine el concepto de dominio público marítimo—terrestre para reducirlo. Amplía hasta 75 años la concesión de los edificios construidos en la playa. Permite la publicidad en estas zonas protegidas y amnistía a una decena de centros urbanos que incumplen la actual normativa.

Y todo bajo la premisa de reactivar la actividad económica en el litoral y de proporcionar una mayor seguridad jurídica. «La normativa concilia la conservación del litoral con su uso sostenible», explicó la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría. Los ecologistas ya han criticado duramente la medida. Una de las principales novedades es la prórroga a las construcciones levantadas en zonas de playa antes de la restricción. La ley de costas de 1988 delimitó la zona de dominio público marítimo—terrestre del litoral.

Los propietarios de las zonas allí edificadas con anterioridad perdieron la titularidad de las mismas que pasaron al Estado, aunque se estableció una concesión de 30 años —hasta 60 si contaban con una sentencia judicial que mostrara su propiedad— como justiprecio. Los primeros permisos caducaban en 2018, lo que según el Gobierno creaba una inseguridad jurídica. Ahora este plazo se amplía a 75 años a partir de la fecha límite.

Esos sí quienes se acojan a esta prórroga deberán pagar un canon anual cuya cuantía el Ejecutivo todavía no ha especificado pero que dependerá del uso de la edificación. Es decir, si la finalidad es industrial, lucrativa o simplemente residual. «Las viviendas harán un pago simbólico», explico el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos. En la actualidad, Hacienda ingresa 20 millones en el concepto de este pago que abonan incluidos en zonas de dominio público de nuevo ingreso.