La Fiscalía estudia si es posible pedir la imputación de Sánchez Gordillo

El asalto a dos supermercados en Écija y Arcos protagonizado por unos doscientos militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) se ha saldado hasta el momento con dos detenidos, aunque el Ministerio del Interior, a raíz de la denuncia presentada por una de las empresas afectadas, aseguró que perseguiría a todos los responsables de estas acciones.

En el ojo del huracán político y judicial se mantiene uno de los presuntos participantes en el asalto de Écija, el alcalde del municipio sevillano de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, al que su condición de diputado del Parlamento andaluz impide que pueda ser detenido directamente por las fuerzas de seguridad.

La Fiscalía, a instancias del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, analiza si la actuación de Gordillo es constitutiva de delito, pero deberá ser el juez de la localidad sevillana quien, una vez valorado el informe y los indicios del Ministerio Público, decida si eleva o no al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una solicitud razonada para que abra una causa penal contra el aforado. El artículo 101 del Estatuto de Andalucía establece que durante su mandato los diputados no podrán ser detenidos por actos ilegales, salvo en caso de flagrante delito, correspondiendo al tribunal superior decidir sobre su procesamiento.

Al tratarse de un aforado, la Policía tampoco puede citarle a declarar en comisaría y tendrá que esperar a saber si el TSJA incoa diligencias. Según fuentes del tribunal superior, ayer no se había recibido ningún tipo de petición para valorar si el dirigente de Izquierda Unida y el SAT ha incurrido en algún tipo de acto delictivo.

Con el fin de acelerar el proceso y evitar el paso del caso por el juzgado de Écija, la asociación Manos Limpias dijo que presentará una denuncia contra el alcalde de Marinaleda directamente ante la Fiscalía del tribunal superior. Manos Limpias atribuye a Sánchez Gordillo los delitos de robo, coacciones y amenazas. También pedirá al Parlamento andaluz que sea suspendido temporalmente de sus funciones como diputado.

El alcalde sevillano insistió ayer en que no cometió ilegalidad alguna y que en todo momento permaneció fuera del supermercado actuando a modo de distracción. En cualquier caso, Sánchez Gordillo aseguró que dará la cara ya que no tiene nada que esconder.

Autoinculpación

Los dos detenidos, uno de ellos en Córdoba y otro en Málaga, que se negaron a declarar ante el juez, fueron puestos en libertad con cargos, «imputados por un delito de robo y otro de coacciones por el apoderamiento violento de efectos expuestos a la venta al público», según refleja el auto de medidas cautelares del Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla. El magistrado también les impuso la prohibición de aproximarse a 300 metros del establecimiento de Mercadona que presuntamente asaltaron en Écija y la obligación de comparecer en sede judicial cada vez que sean requeridos. El juez de guardia, que dictó este auto, se inhibió en favor del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Écija, que es quien instruye la causa.

Tras ser puestos en libertad, los dos sindicalistas se dirigieron a la finca militar ‘Las Turquillas’ situada en el municipio sevillano de Osuna, que desde hace más de dos semanas ocupan militantes del sindicato para exigir su aprovechamiento agrícola. Allí fueron recibidos a modo de héroes por el propio alcalde de Marinaleda y compañeros del sindicato.

Desde el SAT se anunció que, en solidaridad con los detenidos, hoy varios de sus militantes granadinos presentarán ante la Delegación de Gobierno un escrito común autodenunciándose por los asaltos.