Dos años de batalla judicial y cerca de 60 imputados en el caso
La jueza Mercedes Alaya retomará en septiembre una instrucción que se prolonga ya dos años y acumula, de momento, 60 imputados. Entre ellos, seis ex altos cargos de la Consejería de Empleo: el que fuera consejero entre 2004-2010, Antonio Fernández, en libertad bajo fianza de 450.000 euros; un exviceconsejero, los tres directores generales de Trabajo desde 1999 hasta el 2012, y un ex delegado provincial.
Las alarmas saltaron en el 2010. Un supuesto caso de cohecho permitió descubrir la presencia en un expediente de regulación de empleo (ERE) de dos intrusos en la empresa Mercasevilla. La irregularidad se repetía en otros procesos sufragados con fondos públicos y se detectó, además, un fraude en las ayudas directas a empresas en crisis.
Curiosamente, solo la comarca sevillana donde el ex director general de Trabajo Javier Guerrero fue alcalde recibió 50 de los 73 millones concedidos por este concepto entre el 2001 y el 2009.
La jueza ha mantenido un pulso con la Junta de Andalucía, a la que acusa de idear un sistema de subvenciones «sin control y de forma arbitraria», que benefició principalmente a «personas o entidades próximas a los cargos o al PSOE andaluz».
Hasta ahora, la instrucción se había centrado en la época de los gobiernos de Manuel Chaves. Sin embargo, ha vuelto el foco a José Antonio Griñán, consejero de Hacienda en los años investigados y que, según la jueza, tuvo que conocer las alertas formuladas por la Intervención General sobre las irregularidades.