Sacyl garantiza la asistencia sanitaria a los ‘sin papeles’ aunque facturará el servicio

Sacyl garantiza la asistencia médica a los cerca de 5.000 ‘sin papeles’ que perderán su tarjeta sanitaria el próximo sábado. La entrada en vigor el 1 de septiembre del Real Decreto que determina las nuevas condiciones de acceso a la asistencia sanitaria en España «no dejará a nadie sin la cobertura necesaria».

El consejero de Sanidad, Antonio Sáez, confirmó ayer -durante un receso de la reunión «informal» que mantuvo la ministra de Sanidad, Ana Mato, con nueve consejeros del ramo en Valladolid- que los inmigrantes ilegales «recibirán la misma asistencia médica que hasta ahora», aunque la Junta intentará facturar el coste del servicio por medio de tres vías: el cobro a sus países de origen en el caso de mantener un convenio vigente con ellos, a los propios pacientes o a través de un convenio individual suscrito con el enfermo por el que deberá abonar «alrededor de dos euros al día».

El consejero quiso puntualizar que el Real Decreto no afecta sólo a los inmigrantes sin papeles, sino que también excluye del derecho a tener una tarjeta sanitaria del Sistema Nacional de Salud español a todos los extranjeros que no residan legalmente en el país, incluidos los turistas. «No todas las personas que serán atendidas y no disponen de tarjeta carecen de recursos económicos suficientes para abonar esos dos euros diarios», puntualizó Sáez, quien añadió que «se irá estudiando cada caso en concreto».

Previsión de ahorro

A pesar de señalar que cerca de 5.000 ‘sin papeles’ se verán afectados en la Comunidad por la aplicación del nuevo decreto, Sáez rechazó adelantar cuál será el ahorro que supondrá esta nueva medida para las arcas de Castilla y León, porque «es muy difícil de calcular». «Los médicos serán los mismos y el coste de cada servicio depende de la intensidad de la atención», señaló el consejero, quien advirtió de que la cifra de inmigrantes ilegales afectados también es «muy hipotética», ya que la Ley de Extranjería determinaba que todos los empadronados en España tenían derecho a una tarjeta sanitaria y «el empadronamiento en este país no requiere de muchos requisitos». Además, «se desconoce» si los inmigrantes empadronados en su día en la Comunidad continúan viviendo en ella, añadió.

Sáez también hizo hincapié en que los servicios de Atención Primaria continuarán atendiendo a «todos los extranjeros que lo necesiten» en sus consultas, por lo que desestimó que se puedan producir «colapsos» en Urgencias.

Eso sí, el consejero se mostró muy crítico con la postura de otras comunidades autónomas que ya han anunciado que no cobrarán la asistencia a los extranjeros ‘sin papeles’. «No entiendo cómo pueden decir que no van a aplicar el decreto; las normas hay que cumplirlas, para eso están», aseveró.

También recordó que Sacyl continuará atendiendo de forma gratuita a todos los menores, mujeres embarazadas y a quienes la suspensión de su tratamiento pueda acarrearle «riego para su vida», como los enfermos que necesitan diálisis, VIH o enfermos mentales, entre otros. «No se les va a quitar el tratamiento aunque no hayan abonado las facturas», señaló el consejero, e insistió: «Nadie que necesite atención dejará de recibirla».

Los cambios en el sistema de aseguramiento sanitario —contemplados en el Real Decreto que entrará en vigor el próximo sábado— se adoptan para cumplir con una normativa europea que obliga a determinar qué personas tienen derecho a recibir asistencia sanitaria en cada país. «Los que cuentan con la tarjeta del Sistema Nacional de Salud también tienen derecho a recibir asistencia médica en el resto del territorio de la Unión Europea», indicó.

Y es que un informe del Tribunal de Cuentas advierte de que la sanidad española atendió en 2009 a un total de 600.000 extranjeros sin facturarles ningún coste, lo que ha supuesto un gasto para el Estado de más de 1.000 millones de euros. «Se hacía lo que obligaba la Ley General de Sanidad de 1986, pero a partir de septiembre la regulación habrá cambiado para ajustarse a los dictados de la normativa europea», explicó Sáez, quien insistió en que «no se trata de una regulación que únicamente tienen que ver con los inmigrantes en situación irregular».