La reforma eléctrica lastra a 13 industrias que han apostado por la cogeneración

La industria leonesa no es ajena a la rebelión en pleno que los distintos sectores productivos están organizando en los últimos días para presionar al Gobierno y que dé marcha atrás en el polémico Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética. Un proyecto actualmente en trámite parlamentario, que no sólo provocó un airado enfrentamiento entre los ministerios de Industria y Hacienda, sino que está siendo calificado en general como un simple mecanismo de recaudación para hacer frente al imparable déficit de tarifa (los 24.000 millones de euros acumulados por la diferencia entre el coste de producir electricidad y lo que se cobra a los usuarios). Y deja la verdadera reforma energética, tan demandada como temida y que en cualquiera de sus formas dejará descontentos a todos, con muchos interrogantes.

El caso es que el discutido tablero de nuevos impuestos en los que se resume al final el proyecto afectará de manera especial a la industria. Primero como consumidor, sobre todo a aquellas actividades que son intensivas en consumo energético, que verán gravemente dañadas sus cuentas en un momento especialmente delicado para toda actividad económica. Y en segundo lugar como productores. Los impuestos gravan doblemente a aquellas industrias que en los últimos años optaron por crear sus propias plantas de cogeneración, en un ejercicio de eficiencia energética y apuesta por la competitividad.

León históricamente ha demandado un mayor peso del sector industrial en su estructura productiva, pero está claro que cualquier medida que afecte de manera negativa al tejido industrial existente tendrá consecuencias a lamentar en la evolución económica provincial. En el caso de la apuesta por la cogeneración, sólo Burgos y Valladolid, dos provincias con un peso industrial muy superior al leonés, suman mayor número de plantas y potencia instalada en estas infraestructuras.

Las principales industrias leonesas requieren un consumo intensivo de energía, y 13 de ellas han optado ya por acometer las inversiones de estas instalaciones de cogeneración, con una potencia instalada de 72 megavatios. Burgos encabeza el ránking autonómico, con 24 instalaciones y 201 megavatios; y Valladolid está muy cerca de León, con 16 instalaciones y 93 megavatios.

En conjunto Castilla y León suma 81 plantas de cogeneración en sus industrias, con 543 megavatios instalados. Como ha ocurrido en el resto del país, la incertidumbre en la que los cambios legislativos en materia de primas a las energías renovables ha sumido al sector ha frenado en seco su desarrollo en los últimos años. En el caso de la provincia de León, proyectos como la planta anunciada por Azucarera en su fábrica de La Bañeza se aparcan para «ser repensados»; y también estaba prevista otra en el caso de Antibióticos, aunque la complicada situación de la farmacéutica pone otras trabas a mayores al desarrollo de este proyecto.

Son sólo algunos ejemplos del panorama local de la cogeneración.

Ahora son ya quince las patronales de los principales sectores industriales del país las que han hecho públicos manifiestos en los que denuncian que las empresas no podrán afrontar el nuevo esfuerzo impositivo que se les exige, y que la pérdida de competitividad que supone este nuevo escenario tendrá repercusiones muy negativas no sólo en el empleo directo de la actividad de cogeneración, sino en el empleo industrial en general. Un sector que desde el 2008 ha destruido un 25% de su actividad, y que ha perdido ya 600.000 empleos. Ahora el coste de los nuevos impuestos se cifra en 1.500 millones de euros anuales. Inasumibles, según las empresas.