La transportista del Yak-42 pagará 6,2 millones de indemnización
El Tribunal Supremo confirmó ayer la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Zaragoza a la empresa que transportó a los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42, en mayo del 2003, en la que obliga a indemnizar a las familias con cerca de 6,2 millones de euros.
La Sala de lo Civil del alto tribunal desestimó el recurso interpuesto por la compañía alemana Chapman Freeborn contra esta resolución, que condenaba a esta, a Ukranian Mediterranean Airlines y a Busin Seguros a pagar la multa por su responsabilidad civil en el siniestro. Los afectados pidieron en el juicio civil 60 millones como compensación.
Los magistrados dan por buena la versión de la Audiencia de Zaragoza de que el accidente radicó en la inadecuada maniobra de los pilotos del Yak-42, de nacionalidad ucraniana, durante su intento de aterrizaje en la ciudad turca de Trabzon, dadas las malas condiciones meteorológicas de aquel fatídico día.
Así las cosas, la sentencia defiende el pago de la indemnización por «la responsabilidad del porteador por la deficiente ejecución de la prestación de transporte». En todo caso, este proceso «difiere» del compromiso patrimonial de la Administración con las familias de los militares fallecidos, ya que la transportista alemana quería que las cantidades abonadas por el Ministerio de Defensa fueran descontadas de su condena, algo que fue desestimado por el Supremo.
Fin a los procesos
Con esta sentencia se pone fin a los procesos judiciales del Yak-42. El primero fue por la vía penal y acabó con la condena de tres mandos militares por las erróneas identificaciones de 30 de los 62 militares; el segundo, también penal, fue archivado por la Audiencia Nacional en relación a la responsabilidad de seis oficiales del Ejército en la contratación del avión, en la que estuvieron imputados por un delito de imprudencia grave con resultado de muerte.
En marzo del 2010, el Supremo confirmó la condena de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de tres años de prisión impuesta al general de Sanidad Vicente Navarro y de 18 meses de cárcel al comandante José Ramírez y al capital Miguel Sáez por falsear las identificaciones de 30 de los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42 en Turquía.