Sólo las familias más vulnerables podrán evitar durante dos años ser desahuciadas

El Gobierno aprobó ayer un decreto urgente que paraliza los desahucios durante los dos próximos años y establece un mandato para crear un «fondo social de viviendas», una bolsa de viviendas que podrán ser alquiladas a bajo precio a personas que han perdido su casa por no poder pagar la hipoteca.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que se abordarán cambios en los intereses de demora, medidas para garantizar la independencia de las tasadoras respecto a los bancos, evitar el sobreendeudamiento de las familias e iniciativas para evitar las cláusulas abusivas en las hipotecas.

El texto aprobado ayer por el Consejo de Ministros contempla la suspensión de los procedimientos de ejecución hipotecaria para determinados colectivos sociales que cumplan unos requisitos de renta. Podrán beneficiarse familias numerosas, monoparentales con dos hijos, con algún menor de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33 por ciento o dependencia que incapacite permanentemente para trabajar y si se dan algunos supuestos de violencia de género.

En paro y sin dinero

También podrán acogerse deudores en paro y que hayan agotado la prestación por desempleo, las unidades familiares en las que convivan con el deudor una o más personas unidas al titular de la hipoteca o a su cónyuge por parentesco o vínculo hasta tercer grado de consanguinidad y que estén en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que incapacite para trabajar.

Será necesario tener una renta inferior a tres veces el IPREM —1.597 euros mensuales, es decir, 19.164 euros anuales— o que se haya producido una alteración de las circunstancias económicas. Se entenderá por esto último cuando el peso de la cuota hipotecaria sobre los ingresos aumente en un 50 por ciento en los últimos cuatro años, o que la cuota hipotecaria supere el 50 por ciento de los ingresos netos. En todos los casos, la vivienda hipotecada tiene que ser la residencia habitual.

En cuanto al alquiler, el ministro de Economía, Luis de Guindos, señaló que la bolsa de pisos se nutrirá de los inmuebles de la banca adjudicados por impago, muchos ahora en manos del Frob.

El Gobierno no admite la dación en pago. De Guindos adujo que no es la solución «ideal», ya que el propietario pierde su vivienda e implica contratos hipotecarios más caros. «Lo que queremos evitar es que alguien se vaya de su casa», dijo el titular de Economía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.